Tras la ratificación del juez de primera instancia, la Cámara Federal porteña declaró inadmisibles los recursos de cuatro inversores del caso $LIBRA. La decisión los deja fuera del rol de querellantes al no acreditarse un ardid concreto en la compra del token.
La Sala I de la Cámara Federal porteña dejó firme el apartamiento de cuatro compradores del criptoactivo $LIBRA que buscaban intervenir como acusadores particulares. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola declararon inadmisibles las impugnaciones interpuestas contra la decisión de primera instancia que los había excluido del expediente.
El fallo afectó a los demandantes Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega. Todos habían recurrido la resolución firme dictada el 4 de septiembre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien aceptó un planteo de la defensa del lobista Mauricio Novelli.
Los magistrados concluyeron que los apelantes no lograron demostrar una aplicación errónea de la ley ni un supuesto de arbitrariedad que justificara la apertura del máximo tribunal penal.
En su voto conjunto, los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola señalaron que la exclusión de una querella puede equipararse a una sentencia definitiva por el eventual perjuicio de imposible reparación. Sin embargo, precisaron que esa condición no exime a las partes de fundar técnicamente los errores de derecho.
Por su parte, el camarista Mariano Llorens fundamentó en un voto individual que la garantía del doble conforme ya quedó satisfecha con la revisión efectuada por la Cámara.
El juez advirtió sobre el incremento de asuntos ajenos en la vía casatoria y sostuvo que los recurrentes solo pretendían reabrir un debate resuelto sin argumentar deficiencias en la valoración probatoria.
La resolución previa fundamentó que los compradores ingresaron de manera voluntaria a un mercado caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una alta volatilidad. La Cámara ratificó que no se identificó el ardid o afirmación falsa concreta que determinara la adquisición de la moneda digital promovida en su momento por el presidente de la Nación Javier Milei.
La causa penal continúa delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano para establecer si existió una maniobra delictiva en la creación y desplome del token. En la pesquisa también se examina la participación de los involucrados Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis. Tras esta decisión, a los adquirentes les queda la vía de presentar un recurso de queja directa ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El apartamiento de los particulares como querellantes deja la imputación pública exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal. Resta determinar si las eventuales presentaciones directas ante la instancia superior modificarán la participación de los damnificados en la causa o si la investigación avanzará únicamente bajo la fiscalía.
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Tras la ratificación del juez de primera instancia, la Cámara Federal porteña declaró inadmisibles los recursos de cuatro inversores del caso $LIBRA. La decisión los deja fuera del rol de querellantes al no acreditarse un ardid concreto en la compra del token.
