Ante la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Gobierno porteño obligará a los directivos escolares a denunciar ante la Justicia los delitos cometidos por estudiantes desde los catorce años, dentro o fuera del colegio.
Ante la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Gobierno porteño obligará a los directivos escolares a denunciar ante la Justicia los delitos cometidos por estudiantes desde los catorce años, dentro o fuera del colegio.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, un instrumento normativo que establece el procedimiento obligatorio para autoridades escolares ante conductas que puedan constituir delitos.
La regulación, firmada por los ministerios de Educación, Seguridad, Justicia y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), adecua el sistema educativo porteño a la Ley Nacional 27.801, normativa que redujo de dieciséis a catorce años la edad mínima de responsabilidad penal desde el 5 de septiembre de 2026.
La reglamentación alcanza a todos los establecimientos de gestión estatal y privada, así como a centros socioeducativos de la jurisdicción. De acuerdo con el texto oficial, la autoridad institucional —equipo directivo en escuelas públicas o representante legal y supervisores en privadas— tiene el deber de denunciar ante la Justicia cualquier hecho de acción pública del que tome conocimiento en ejercicio de sus funciones, sin importar si los eventos ocurrieron en el edificio escolar, en actividades institucionales o en ámbitos externos vinculados con la comunidad educativa.
El procedimiento divide la actuación en dos esquemas operativos diferenciados según el grado de peligro. Frente a situaciones de urgencia con riesgo inminente para la vida, la integridad física o presencia de armas, la conducción escolar debe llamar de inmediato a la línea 911, al SAME (línea 107) y a la línea 102 del CDNNyA.
En casos donde no exista un peligro actual pero se identifique una conducta tipificada por el Código Penal, la notificación se canalizará ante el Ministerio Público Fiscal a través del número 0800-33-347225 o por vía digital.
Paralelamente, la resolución delimita el marco legal para el ingreso de la Policía de la Ciudad a los colegios. Las fuerzas de seguridad podrán intervenir bajo tres supuestos estrictos: a solicitud de las autoridades mediante llamado al 911, por orden judicial escrita o ante situaciones críticas que no admitan demora por riesgo físico inminente. En este último caso, el personal policial deberá notificar inmediatamente a la jefatura de su dependencia para dar intervención al juez penal de turno.
Loading PDF...
El documento precisa que los equipos directivos y docentes no poseen facultades para investigar, tomar declaraciones, calificar jurídicamente los hechos ni determinar responsabilidades penales.
Asimismo, cuando un estudiante presente de forma espontánea evidencia digital como celulares o capturas de pantalla, las autoridades no podrán examinar, reproducir ni difundir el material, limitándose a registrar la entrega y ponerlo a disposición de los investigadores.
En materia de escolarización, la norma ratifica los principios de la Ley 26.061 y la Ley CABA 114 de protección integral, garantizando que un proceso penal o investigación no constituirá motivo de expulsión o restricción de vacante.
En supuestos donde la Justicia ordene medidas cautelares de restricción de acercamiento entre alumnos del mismo establecimiento, las escuelas deberán reorganizar horarios, turnos o divisiones para dar cumplimiento a la orden judicial sin interrumpir la continuidad pedagógica de las partes.
El protocolo reavivó posturas encontradas. Representantes gremiales como el sindicato Ademys advirtieron sobre la judicialización de los conflictos de convivencia escolar y la asignación de roles punitivos a los educadores.
En contraposición, desde las carteras gubernamentales sostienen que la reglamentación otorga certeza jurídica a las instituciones, delimita las responsabilidades administrativas y protege el interés superior de los adolescentes en un nuevo marco legal nacional.
La puesta en marcha de esta normativa traslada el debate a la cotidianeidad de las aulas porteñas. Resta constatar si la infraestructura y los recursos de los colegios permitirán aplicar las adecuaciones logísticas sin resentir el clima institucional ni el derecho a la educación.
Más de 91.500 visitantes recorrieron la Feria Internacional de Turismo durante el fin de semana. El certamen cierra sus jornadas públicas en Buenos Aires y da paso a las rondas de negocios profesionales con participación internacional.
Al cumplir 25 años de trayectoria, María Cher incorporó a la actriz Zoe Hochbaum para liderar su nueva narrativa digital en Buenos Aires. La iniciativa sustituye las imágenes estáticas por historias audiovisuales para modernizar la marca.
Ante la llegada de un frente inestable, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso preventivo para Buenos Aires y más de diez provincias por tormentas, granizo y viento Zonda previstos entre este lunes y martes.
Durante agosto, el consumo de los hogares cayó 1,1% interanual según la Cámara Argentina de Comercio. El indicador volvió a terreno negativo impulsado por la contracción de los créditos personales y el desplome en el patentamiento de vehículos.
Tras la votación oficial de la Academia de Cine nacional, el filme de terror dirigido por Laura Casabé fue designado este lunes para representar a la Argentina en la categoría de mejor película internacional de los Premios Oscar 2027.
Tras la ratificación del juez de primera instancia, la Cámara Federal porteña declaró inadmisibles los recursos de cuatro inversores del caso $LIBRA. La decisión los deja fuera del rol de querellantes al no acreditarse un ardid concreto en la compra del token.
Ante la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Gobierno porteño obligará a los directivos escolares a denunciar ante la Justicia los delitos cometidos por estudiantes desde los catorce años, dentro o fuera del colegio.
El Ministerio de Economía renovó este lunes la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos por $8,62 billones. La operación evitó volcar liquidez a la calle en medio de una jornada de alta volatilidad financiera.
