Tras desestimar el pedido del fiscal Mario Villar, la Cámara de Casación rechazó enviar a la Corte Suprema la causa contra dirigentes de la AFA por la mansión de Pilar, ratificando la competencia del juzgado de Campana.
Tras desestimar el pedido del fiscal Mario Villar, la Cámara de Casación rechazó enviar a la Corte Suprema la causa contra dirigentes de la AFA por la mansión de Pilar, ratificando la competencia del juzgado de Campana.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la causa donde se investiga la propiedad de una mansión en Pilar, atribuida a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no será remitida a la Corte Suprema de Justicia. La Sala I desestimó por unanimidad el recurso presentado por el fiscal general Mario Villar.
Integrado por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, el tribunal fundamentó que las discusiones sobre qué juzgado debe actuar no constituyen una sentencia definitiva. El fallo sostiene que el delito de lavado de activos es de competencia federal, por lo que corresponde la intervención del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Con esta resolución quedó firme el criterio de que no existen motivos procesales que justifiquen la intervención del máximo tribunal del país. Representantes del Ministerio Público Fiscal pretendían que el expediente tramitara en la justicia nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal, argumentando la existencia de una red societaria compleja radicada en la ciudad porteña.
En el texto del fallo, los magistrados señalaron que la fiscalía incurrió en posturas contradictorias a lo largo del proceso. Al respecto, el juez Borinsky remarcó la aplicación de la doctrina de los actos propios, dado que el Ministerio Público propició en distintas oportunidades tanto la jurisdicción federal como la del fuero penal económico.
Esta investigación comenzó en diciembre de 2025 tras una denuncia formulada por los dirigentes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. La presentación judicial apuntó a la presunta adquisición irregular de un predio de cinco hectáreas en la localidad de Pilar, valuado en 25 millones de dólares.
Durante las inspecciones realizadas en el inmueble, los investigadores detectaron canchas de fútbol, helipuerto, instalaciones ecuestres y un galpón con 54 vehículos de alta gama y colección. Documentación y bienes personales hallados en el lugar vincularon la propiedad con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien junto al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra bajo investigación en expedientes conexos.
Respecto a los papeles formales, la titularidad del predio figura a nombre de la firma Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. La justicia analiza si los imputados actuaron como testaferros, dado que sus perfiles patrimoniales no justifican la compra del inmueble ni el pago de los peajes de los vehículos incautados a través de tarjetas corporativas.
A lo largo de diez meses, los debates procesales provocaron constantes dilaciones y el paso del expediente por 14 magistrados distintos. Frente a este pronunciamiento de Casación, al fiscal Villar únicamente le resta la alternativa de acudir de manera directa ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
El destino final de la causa dependerá ahora de la admisión o rechazo de esa última vía judicial. Resolver qué tribunal investigará resulta determinante, pues ese juzgado concentrará las actuaciones vinculadas al manejo de fondos y contrataciones de la conducción del fútbol argentino. ¿Logrará la justicia esclarecer el origen de los fondos antes de que los plazos legales debiliten la causa?
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