En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio envió un proyecto para reformar el Código Procesal Laboral tras un aumento del 38% en las demandas por accidentes, fijando sueldos a peritos y facilitando las apelaciones patronales.
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio envió un proyecto para reformar el Código Procesal Laboral tras un aumento del 38% en las demandas por accidentes, fijando sueldos a peritos y facilitando las apelaciones patronales.
El Gobierno de Entre Ríos envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Laboral con el propósito de desacoplar los honorarios de los peritos médicos del monto de las sentencias y frenar el aumento de las demandas por accidentes de trabajo. La iniciativa gubernamental busca intervenir sobre las reglas del fuero laboral en un contexto donde las causas en la provincia crecieron 38% en doce meses.
Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la provincia registró 2.502 juicios laborales durante 2025, lo que representó un incremento del 25% respecto del año anterior.
En el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la litigiosidad mostró la suba más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país, al alcanzar un índice de 87 demandas por cada 10.000 trabajadores cubiertos.
La columna vertebral de la propuesta es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial. El organismo estará integrado inicialmente por tres peritos seleccionados mediante concurso público, con sede central en Paraná y jurisdicción en todo el territorio provincial. Los profesionales percibirán una remuneración fija, independiente del porcentaje de incapacidad que determinen o del monto indemnizatorio.
Paralelamente, para las pericias encomendadas a profesionales externos, el texto establece que la retribución se calculará por la complejidad, extensión y utilidad del informe técnico, fijando un tope máximo equivalente a ocho juristas. Asimismo, los peritos deberán aplicar de manera obligatoria la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales aprobada a nivel nacional mediante el decreto 549/2025.
La reforma procesal también modifica el trámite de las apelaciones interpuestas por las empresas tras un fallo de primera instancia. La iniciativa elimina la exigencia que obligaba al empleador a depositar el capital, condenas, intereses y costas —o presentar bienes a embargo— como condición previa para conceder el recurso ante una segunda instancia.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la medida equipara el acceso a la revisión judicial sin distinguir la capacidad financiera inmediata de cada compañía. En sustitución del depósito automático, el texto faculta a los magistrados a disponer embargos preventivos u otras medidas cautelares según el análisis individual de cada expediente.
Por su parte, la entidad que agrupa a las aseguradoras respaldó el proyecto oficial y lo calificó como una medida necesaria para homogeneizar criterios periciales. El fenómeno de judicialización se replica a escala nacional, donde los juzgados acumularon 87.553 nuevas demandas en los primeros ocho meses de 2026, con una proyección que supera las 138.000 causas al cierre del período.
El debate legislativo que comenzará en la provincia pondrá en discusión la eficacia de estas herramientas administrativas para reducir la contenciosidad procesal, en un escenario donde convergen las demandas empresariales de previsibilidad financiera y la necesidad de resguardar las garantías de cobro del trabajador. ¿Logrará la reestructuración del sistema pericial equilibrar los costos del fuero laboral sin erosionar la celeridad del crédito laboral?
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