Diputados emitió dictamen de mayoría para incorporar al Código Penal penas de hasta ocho años de prisión a quienes dañen la producción agropecuaria o ingresen sin autorización a propiedades rurales.
Diputados emitió dictamen de mayoría para incorporar al Código Penal penas de hasta ocho años de prisión a quienes dañen la producción agropecuaria o ingresen sin autorización a propiedades rurales.
Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación firmó un dictamen de mayoría para modificar el Código Penal y tipificar el vandalismo rural.
La iniciativa alcanzó 41 firmas sobre un total de 66 legisladores presentes, mientras que los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría. El texto quedó habilitado para su posterior debate en el recinto.
El proyecto incorpora el artículo 150 bis a la legislación vigente. La norma establece penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad del titular, presumiéndose dicha restricción por la presencia de alambrados o tranqueras. Paralelamente, el artículo 184 bis fija penas de dos a ocho años de cárcel y multas a quien dañe la infraestructura, silobolsas, cultivos o ganado.
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Martín Ardohain, defendió la iniciativa durante el plenario. “Hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país”, afirmó el legislador, al tiempo que agregó: “Hoy estamos dando un gran paso para que esas familias estén un poquito más protegidas”. Ardohain remarcó además la necesidad de salir de “una visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo”.
En contraposición, desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez consideró que la medida resulta contraproducente para el sistema legal. “El proyecto genera lo que en derecho penal se conoce como duplicación normativa”, argumentó Gutiérrez, advirtiendo que la propuesta podría “bajar las penas en todos los delitos que afectan la producción agropecuaria”.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó la orientación de la iniciativa parlamentaria. “Lo que se está tratando con este expediente que presenta el oficialismo es proteger a los Lewis”, expresó la legisladora, asegurando que el tratamiento del proyecto busca generar un blindaje sobre la ley de tierras.
En apoyo al dictamen, el diputado Francisco Morchio destacó la receptividad de la norma en las entidades del sector. “La Mesa de Enlace completa se manifestó acá en esta Comisión y en este recinto a favor de este proyecto”, contextualizó.
En la misma línea, desde la Fundación Barbechando reclamaron certidumbre para la actividad: “Queremos que el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho”.
El proyecto mantendrá su curso legislativo en las próximas semanas, donde la Cámara baja deberá definir en el recinto la aprobación del nuevo marco legal.
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