Luego de escapar de un cautiverio de casi siete meses en Río Gallegos, una joven de 23 años logró pedir auxilio a vecinos. La Justicia dispuso la prisión preventiva de su expareja, acusada de torturas y lesiones graves.
Luego de escapar de un cautiverio de casi siete meses en Río Gallegos, una joven de 23 años logró pedir auxilio a vecinos. La Justicia dispuso la prisión preventiva de su expareja, acusada de torturas y lesiones graves.
El Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos resolvió mantener procesada con prisión preventiva a la acusada, luego de un operativo concretado por la División de Investigaciones (DDI) en una vivienda de la calle Tres Lagos. La causa penal se inició tras la huida de la joven de 23 años, quien solicitó ayuda a vecinos y familiares en las inmediaciones del natatorio municipal de la capital provincial.
La investigación policial y judicial determinó que el vínculo se había iniciado a través de redes sociales. Con el transcurso de los meses, la convivencia derivó en un contexto de coacción, agresiones físicas e incomunicación sistemática. La denunciante declaró que las agresiones comenzaron a principios de año y se profundizaron con quemaduras de segundo grado y ataques con diversos objetos.
De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, el aislamiento de la víctima no se limitó al plano físico. Integrantes del entorno familiar expusieron ante la sede policial que la imputada tomó el control de los dispositivos móviles, perfiles digitales y cuentas bancarias de la joven, mediante los cuales enviaba mensajes falsos para simular normalidad frente a sus allegados.
Paralelamente, la defensa y los familiares de la sobreviviente señalaron que existían presentaciones cruzadas e impedimentos de contacto tramitados previamente, circunstancias que dificultaron la intervención oportuna del círculo cercano.
Durante el procedimiento de registro en el inmueble donde permanecía la pareja, el personal policial secuestró un martillo, un destornillador y alambres de púa, elementos que fueron incorporados como material probatorio al expediente.
La localización de la imputada se concretó a partir de las tareas de inteligencia criminal sobre un automotor vinculado a la causa, el cual permitió ubicar la residencia en la calle Tres Lagos.
Tras su detención, las autoridades trasladaron a Romero a la sede de la Comisaría Tercera, donde permanece a disposición de la magistratura interviniente a la espera de las pericias complementarias.
Tras ser resguardada por efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la joven fue examinada en el centro médico local por profesionales del Cuerpo Médico Forense y de la Policía de Santa Cruz para certificar las lesiones sufridas. Asimismo, las autoridades municipales y provinciales activaron las herramientas de contención y acompañamiento.
El equipo interdisciplinario de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos tomó contacto con la víctima para brindarle asistencia psicológica e institucional. En tanto, la representación legal de la denunciante ratificó la exposición inicial en la sede judicial para sumar nuevos elementos de prueba antes de la elevación a juicio oral.
Por su parte, el entorno familiar de la joven permanece a cargo del acompañamiento directo en el hogar, mientras la causa entra en su fase probatoria. La efectividad de las medidas cautelares y los mecanismos de alerta temprana ante situaciones de violencia intrafamiliar y violencia de género vuelven a situarse en el centro del debate público en Santa Cruz.
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