La Provincia de Buenos Aires ordenó desechar 4,5 millones de medicamentos inmovilizados de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. El operativo se realizará tras un año y medio del escándalo por fentanilo contaminado que causó 90 muertes.
La Provincia de Buenos Aires ordenó desechar 4,5 millones de medicamentos inmovilizados de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. El operativo se realizará tras un año y medio del escándalo por fentanilo contaminado que causó 90 muertes.
Tras dieciocho meses de incertidumbre operativa, el sistema de salud bonaerense comenzará el proceso de eliminación masiva de los lotes farmacéuticos producidos y distribuidos por las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.. La medida fue oficializada mediante la Resolución 7414 firmada por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, estableciendo una hoja de ruta obligatoria para retirar un volumen cercano a los 4,5 millones de insumos médicos que permanecieron inmovilizados en los anaqueles de casi un centenar de establecimientos asistenciales públicos. Los lotes habían quedado vetados para cualquier uso clínico a raíz del trágico brote provocado por lotes de fentanilo contaminado, episodio que ocasionó noventa víctimas fatales y severas secuelas en decenas de pacientes a nivel nacional.
La acumulación de este cargamento en las farmacias hospitalarias generó un prolongado contrapunto entre las administraciones. Desde el Palacio de Gobierno en La Plata remarcaron que el organismo regulador nacional ANMAT aplicó en su momento la suspensión de actividades de las plantas y la prohibición de comercializar sus registros, pero sin precisar el instructivo técnico ni transferir las partidas económicas para encarar la disposición final de los residuos peligrosos. Ante la falta de respuestas a los reclamos formales, la cartera bonaerense resolvió instrumentar un protocolo especial amparado en las normativas ambientales provinciales (Leyes 11.347 y 11.720), obligando a que cada uno de los 98 centros de salud financie el descarte seguro con sus propios presupuestos operativos.
El universo de fármacos que saldrá de circulación comprende más de 2.700 registros de lotes que abarcan desde anestésicos e inyectables hasta analgésicos de uso cotidiano, antibióticos, anticonvulsivantes y soluciones parenterales. Entre las drogas que deberán enviarse a destrucción figuran lotes de noradrenalina, paracetamol, lorazepam, dexametasona, diclofenac, gentamicina, ketorolac, difenhidramina y fenitoína. Todos estos elementos habían sido adquiridos mediante las licitaciones públicas habituales y contaban con respaldo documental en las planillas de suministros antes de que se desatara la emergencia sanitaria.
Desde el ámbito de la ANMAT salieron al cruce de los reclamos provinciales al señalar que el retiro de insumos inhabilitados o vencidos constituye una responsabilidad inherente a cada jurisdicción compradora, argumentando que las autoridades locales contaban con las herramientas legales para descartar el material meses atrás siguiendo los circuitos de rutina. Sin embargo, la gestión bonaerense defendió la elaboración de un instructivo minucioso avalado por los organismos de control constitucional de la provincia, argumentando que la presencia de insumos bajo medida cautelar de secuestro por parte del Juzgado Federal N° 3 exigía resguardos jurídicos extraordinarios para evitar nulidades en la causa penal.
En el frente judicial, el expediente conducido por el magistrado Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta acumula un entramado de quince personas procesadas por las muertes y los daños irreversibles causados a 44 sobrevivientes. La investigación penal se inició a mediados de 2024 tras la detección de patrones de mortalidad irregulares en el Hospital Italiano de La Plata, desencadenando la detención preventiva del empresario Ariel García Furfaro —propietario del conglomerado fabricante— junto a su hermano Diego y la posterior imputación de exfuncionarias del organismo de control sanitario, quienes recuperaron la libertad ambulatoria tras oblar millonarias cauciones reales.
Mientras la causa avanza hacia la etapa de plenario con embargos multimillonarios sobre los bienes de las partes acusadas y restricciones severas de salida del país, los hospitales bonaerenses inician la fase operativa para despejar sus farmacias del cargamento tóxico. La destrucción de estas 4,4 millones de unidades pondrá fin a la presencia física de los insumos en el circuito sanitario público, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la industria farmacéutica nacional.
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