Un estudio de Zentrix Consultora demuestra que reasignar partidas sin uso específico permitiría cubrir el presupuesto universitario sin incrementar el gasto.
Un estudio de Zentrix Consultora demuestra que reasignar partidas sin uso específico permitiría cubrir el presupuesto universitario sin incrementar el gasto.
La Ley de Financiamiento Universitario se encuentra vigente desde octubre de 2025, momento en que el Congreso insistió con los dos tercios tras el veto del Poder Ejecutivo. Pese a su promulgación, la norma fue suspendida mediante el Decreto 759/2025 bajo la premisa de que “no identifica de dónde saldrían los fondos”.
La Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. Un reciente estudio de Zentrix Consultora evalúa si la administración nacional dispone de los recursos para su cumplimiento.
Para medir el costo de la norma, el informe toma de base los “$7,35 billones que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales”. Atender las obligaciones salariales y de becas demandaría unos $2 billones, mientras que la aplicación completa exigirá entre $2,45 y $3,65 billones.
Esto representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027 y equivale a un rango de entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).
El estudio identifica una fuente de financiamiento viable dentro de la jurisdicción de Obligaciones a cargo del Tesoro. En este apartado figuran $7,68 billones como “otras asistencias financieras” sin un destinatario prefijado.
Al restar las reservas destinadas a aumentos de la Administración Nacional y lo asignado formalmente a las casas de estudio, “quedan $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino define el PEN durante el ejercicio”. De esta forma, el costo total de la ley no supera el 62% de ese remanente.
Esta reestructuración no implica generar gasto nuevo ni comprometer las metas fiscales del Gobierno. “Los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total del proyecto, de modo que reasignarlos a las universidades no altera el resultado financiero previsto: lo que se reduce es la discrecionalidad del PEN para decidir su destino”, aclara el reporte.
Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 24.629 autoriza el freno de una norma de gasto solo “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, habilitando al Congreso a resolver el fundamento de la suspensión en la discusión de la Ley de Leyes.
La falta de asignación plena genera efectos adversos sobre la planta docente y no docente. Según el informe, el salario real de los trabajadores universitarios “sigue 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023”, lo que provocó la renuncia de cerca de 10.000 docentes según datos del Consejo Interuniversitario Nacional.
El horizonte para 2027 presenta un nuevo escenario judicial si el texto oficial aprueba un crédito cerrado que ignore las paritarias trimestrales obligatorias, según el informe. La definición quedará supeditada a la Cámara de Apelaciones y al Congreso de la Nación, que “al votar el artículo 12 del Presupuesto 2027 tiene la posibilidad de cerrar el conflicto sin afectar el equilibrio fiscal”.
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