Luego de un fin de semana de saqueos y desórdenes en Milán, el Ejecutivo italiano alista un decreto para desplegar 500 soldados y extender la detención de menores, en una ofensiva que despierta cautela constitucional.
Luego de un fin de semana de saqueos y desórdenes en Milán, el Ejecutivo italiano alista un decreto para desplegar 500 soldados y extender la detención de menores, en una ofensiva que despierta cautela constitucional.
Jornadas de extrema violencia urbana sacudieron el centro de Milán durante el último fin de semana. Los incidentes, concentrados en inmediaciones de la Piazza Duomo, la Via Torino y la zona de Cordusio, dejaron comercios saqueados, mobiliario público destrozado y catorce efectivos de las fuerzas de seguridad heridos.
Frente a este panorama, la primera ministra Giorgia Meloni convocó una cumbre de emergencia en el Palazzo Chigi para evaluar la implementación de un decreto de seguridad urgente.
“Defender a los ciudadanos, a quienes viven honestamente y a quienes garantizan la seguridad de todos está por encima de cualquier indulgencia hacia la violencia”, escribió la primera ministra en sus redes sociales al justificar la reunión con los jefes de las fuerzas policiales e inteligencia.
Entre las disposiciones centrales en análisis destaca el incremento de la presencia militar en la capital lombarda con el envío de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, aclaró las condiciones técnicas de la medida: “Necesitamos que el Consejo de Ministros apruebe un reglamento que les permita actuar como la policía, solo durante el tiempo necesario para apoyar a los Carabinieri, la Policía y la Guardia di Finanza, es decir, tres meses”.
Por su parte, el viceprimer ministro Matteo Salvini celebró el anuncio en plataformas digitales exclamando: “¡De las palabras a los hechos! 500 soldados más para defender Milán. Una victoria para la Liga“.
El proyecto gubernamental evalúa además reformas normativas orientadas a endurecer el tratamiento penal de los involucrados. Entre las propuestas se contempla la extensión de la detención preventiva para menores de edad hasta las 24 horas, el fortalecimiento de la advertencia verbal del comisario y la tipificación del delito de daños criminales agravados.
Asimismo, se estudian mecanismos para prohibir reuniones a personas consideradas una amenaza y aplicar la detención obligatoria con posibilidad de diferimiento hasta en 48 horas por delitos de devastación.
Los reportes del Departamento de Seguridad Pública reflejan la dimensión de las intervenciones. Un total de 271 personas fueron trasladadas a la comisaría por los disturbios, de las cuales 220 corresponden a menores de edad y 60 a ciudadanos extranjeros.
Las fuerzas del orden registraron 32 arrestos y 28 denuncias formales, mientras que 174 personas quedaron sujetas a detención preventiva. Paralelamente, en Bérgamo y Treviglio, operativos coordinados por la Prefectura permitieron identificar a 30 menores vinculados a desórdenes en marchas estudiantiles, daños a vehículos y robos en supermercados.
La Fiscalía de Milán solicitó la prisión preventiva para varios adultos arrestados, imputándoles cargos por agresión agravada, resistencia a la autoridad y delitos de vandalismo y saqueo, los cuales contemplan penas de hasta 15 años de cárcel.
En la solicitud examinada por el juez de instrucción Fabrizio Filice, la fiscal Giovanna Cavalleri argumentó que la prisión es la única respuesta ante quienes demostraron una “absoluta facilidad para realizar acciones repentinas, destructivas e inusualmente violentas” contra las fuerzas del orden, evidenciando una “importante capacidad criminal” y una total falta de autocontrol.
En el plano institucional, el presidente de la República, Sergio Mattarella, condenó los hechos durante la Asamblea Nacional de Provincias Italianas, pero introdujo un matiz de cautela dirigido al Ejecutivo.
El jefe de Estado señaló que se requiere “un análisis inteligente y exhaustivo” así como “una vigilancia atenta capaz de contrarrestar la violencia” proveniente de “sujetos desconocidos, una situación que plantea interrogantes que merecen reflexión desde diversas perspectivas”. Sus palabras reflejan las inquietudes constitucionales que genera la prisa del Gobierno por aprobar el decreto de seguridad.
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