El Gobierno postergó hasta el 1° de diciembre el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral mediante el Decreto 1228/2026. Además, amplió de seis a doce meses el período mínimo de aportes obligatorios para poder utilizar los recursos.
El Gobierno postergó hasta el 1° de diciembre el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral mediante el Decreto 1228/2026. Además, amplió de seis a doce meses el período mínimo de aportes obligatorios para poder utilizar los recursos.
El esquema diseñado para transformar los despidos en el sector privado deberá esperar un tiempo más en el tintero. Mediante el Decreto 1228/2026 publicado recientemente, la administración nacional tomó la decisión de patear hasta el 1° de diciembre la entrada en funcionamiento de los Fondos de Asistencia Laboral. La herramienta, pensada para que las compañías financien el cese del vínculo de sus dependientes, suma así un nuevo aplazamiento dentro del cronograma previsto por la Ley de Modernización Laboral, ya que la fecha original de puesta en marcha estaba pautada para mediados de este año.
La medida no vino sola. El texto oficial introdujo una modificación clave en los plazos de acumulación, duplicando el tiempo que las empresas deben depositar dinero antes de poder echar mano a esos recursos ante un despido. Con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el titular de Economía Luis Caputo, el Ejecutivo reajustó las reglas de juego para evitar descalabros financieros en el arranque del sistema.
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Las razones del congelamiento temporal se basan en cuestiones de logística y tecnología operativa. De acuerdo a los considerandos gubernamentales, todavía resta afinar el lápiz en la arquitectura digital y los circuitos administrativos que procesarán el flujo monetario. Las autoridades explicaron que resulta indispensable realizar ensayos técnicos profundos para evitar fallas, inconsistencias en los sistemas o demoras indeseadas cuando el mecanismo comience a girar masivamente.
Este pedido de oxígeno extra no surgió de la nada. Fueron las propias entidades financieras, agrupadas bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, las que solicitaron prorrogar el estreno. Representantes de los fondos comunes de inversión, fideicomisos y casas de bolsa advirtieron que los plazos resultaban demasiado ajustados y que era imprescindible contar con una ventana de tiempo más amplia para homologar las plataformas tecnológicas y garantizar un arranque sin fisuras.
El retoque más fuerte que trae la nueva normativa está en el denominado lapso de carencia. A partir de ahora, los empleadores tendrán que cumplir un año entero de aportes consecutivos antes de que el fondo responda por las liquidaciones o ceses laborales. En el diseño previo, bastaban seis meses de contribución para habilitar la cobertura, pero el equipo económico concluyó que ese colchón quedaba demasiado corto para sostener los pagos en la etapa inicial del régimen.
Este contador empezará a correr formalmente cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero registre la primera transferencia efectiva por parte del empleador. A partir de ese primer depósito, correrán doce períodos mensuales completos e ininterrumpidos. La intención de estirar la permanencia obligatoria apunta a crear un pozo de liquidez sólido que impida un vaciamiento prematuro de las cuentas de reserva y garantice la solvencia financiera de los instrumentos a largo plazo.
En lo conceptual, los nuevos instrumentos financieros operarán como fondos comunes abiertos y fideicomisos bursátiles regulados y fiscalizados por la autoridad del mercado de capitales. La puesta en marcha requiere un engranaje fino entre distintas dependencias, demandando articulación constante entre Economía, Trabajo, Arca y el sector privado, sumado a las empresas proveedoras de soporte informático.
La norma comprende de forma obligatoria a las patronales del sector privado, quedando exentas las excepciones marcadas por la ley marco. Por su parte, la totalidad del empleo en el sector público —ya sea nacional, provincial, municipal o de la Capital Federal— queda al margen del mecanismo, manteniendo su régimen habitual. Con este último mes de prorroga, el Palacio de Hacienda apuesta a dejar el terreno listo para un debut ordenado hacia fin de año.
La 35º ceremonia de entrega de los galardones se lleva adelante en el teatro El Nacional.
Ante el ajustado balotaje en Brasil, Lula da Silva adelantó el pago del subsidio Bolsa Familia con aumento del 15%. La oposición propuso reformar la ayuda, pero acusaciones de recortes desataron una fuerte polémica en la recta final.
El jefe de Gobierno le entregó el documento, junto a su par madrileño José Luis Martínez-Almeida, como co-titulares de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
La crecida del río Paraná obliga a evacuar miles de vacunos de las islas hacia campos altos. Aunque genera costos para los productores, los especialistas descartan una caída fuerte en la hacienda o cambios en el precio de la carne.
El presidente Javier Milei encabeza una gira por España con una agenda enfocada en foros económicos, encuentros teóricos y contactos políticos. Disertará en el Nueva Economía Fórum, se reunirá con Huerta de Soto y visitará la Fundación Disenso.
El miércoles será el turno de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, por la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
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Pagni analiza la incertidumbre global que presiona la inflación y el riesgo país en Argentina. Mientras Milei rechaza la pérdida salarial e impulsa la controvertida “Ley Malvinas”, el peronismo se moviliza sin renovar liderazgos entre Kicillof y Massa.
