Francia afronta una jornada de alta tensión social tras las protestas promovidas por sectores estudiantiles y sindicatos. La jornada de movilizaciones, calificada por diversos grupos como el Acto II del movimiento de protesta, enfrentará severas restricciones gubernamentales. El presidente de la República, Emmanuel Macron, anunció la aplicación de máxima firmeza contra los actos delictivos y las acciones violentas atribuibles a grupos de ultraizquierda.
El Ejecutivo dispuso la prohibición de marchas no convocadas por las centrales sindicales en las grandes urbes. Esta decisión busca proteger centros urbanos, infraestructuras públicas y establecimientos comerciales. La medida generó fuertes críticas de organizaciones sociales y juristas, quienes consideran que estas restricciones afectan libertades fundamentales.
Medidas tomadas por el ejecutivo
El dispositivo de seguridad incluye el despliegue de unidades especiales de la policía y la gendarmería, reforzadas por vehículos blindados, helicópteros y cañones de agua. Asimismo, efectivos militares de la Operación Sentinelle asumirán labores de vigilancia estática para liberar a las fuerzas antidisturbios. Agentes de las unidades tácticas RAID y GIGN también participarán en las labores de contención.
Las prohibiciones afectarán con distinta intensidad a las principales metrópolis francesas. En Marsella, las autoridades decretaron la suspensión total de manifestaciones en todo el departamento de Bouches-du-Rhône, acompañada por un toque de queda nocturno. Ciudades como Lyon, Niza, Montpellier, Lille y Rouen establecieron perímetros de exclusión en sus centros urbanos. En París, la Prefectura de Policía autorizó únicamente la marcha sindical entre la plaza de la Bastilla y la plaza de la Nación.
El clima de inseguridad obligó al cierre preventivo de importantes recintos culturales parisinos, entre ellos los museos del Louvre, Orsay y la Orangerie. Paralelamente, la feria de arte Art Basel suspendió sus actividades durante el fin de semana. La patronal comercial aconsejó mantener los locales cerrados tras los saqueos de la semana previa, que afectaron a cerca de 3.000 establecimientos con pérdidas millonarias.