La Justicia federal clausuró dos plantas de reciclaje de baterías en Malvinas Argentinas tras la muerte de un joven de 20 años. Rescataron a 14 operarios hacinados en contenedores con altos niveles de plomo en sangre.
La Justicia federal clausuró dos plantas de reciclaje de baterías en Malvinas Argentinas tras la muerte de un joven de 20 años. Rescataron a 14 operarios hacinados en contenedores con altos niveles de plomo en sangre.

La muerte de un joven de 20 años en un hospital público activó una investigación que sacó a la luz una red de explotación laboral en el conurbano bonaerense. El trabajador, oriundo de la provincia de Misiones, falleció a causa de una intoxicación aguda mientras realizaba tareas de fundición de metales pesados en una planta industrial de la localidad de Tortuguitas.
Estudios forenses practicados a la víctima revelaron la presencia de 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre. La cifra quadruplica el límite máximo que la legislación argentina establece para un operario expuesto a entornos insalubres.
A partir del fallecimiento, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Informes elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la aseguradora correspondiente y testimonios familiares permitieron identificar un segundo predio clandestino que operaba sin registro oficial.
Ante los hallazgos, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, conducido por el juez Juan Manuel Culotta y la secretaria María Eugenia Negrello, encomendó las actuaciones al Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.
Agentes federales ejecutaron tareas de inteligencia en la zona y constataron la gravedad del cuadro. Un grupo de 23 operarios realizaba jornadas de 12 horas sobre residuos de óxido de plomo y ácidos tóxicos. Carecían de elementos de protección personal (EPP) y pernoctaban dentro de contenedores metálicos adaptados como vivienda en el mismo predio industrial.
Con la prueba reunida, el magistrado ordenó allanamientos en dos plantas ubicadas sobre las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en el partido de Malvinas Argentinas. Durante el operativo, los efectivos rescataron a 14 personas identificadas formalmente como víctimas de trata laboral, quienes recibieron atención médica de urgencia en centros de salud de la zona antes de quedar bajo la contención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad concretaron cuatro allanamientos adicionales en inmuebles situados en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz. En esos procedimientos detuvieron a tres mujeres y un hombre vinculados a la administración de los establecimientos. Una de las acusadas resultó arrestada en la calle La Pista mientras transportaba una valija con documentación, teléfonos y dispositivos electrónicos que intentaba ocultar.
En las horas posteriores, un hombre de 84 años, señalado como propietario de la firma y presunto líder de la estructura, se presentó voluntariamente junto a su representante legal en la sede judicial. El juez dispuso su inmediata detención y el registro de su domicilio en el partido de Tres de Febrero.
Los cinco imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del fuero federal bajo los cargos de homicidio culposo e infracción a la Ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas.
Frente a sospechas sobre situaciones de explotación de personas o vulneración de derechos laborales graves, el Estado nacional mantiene habilitada la Línea 145. El servicio funciona mediante una llamada gratuita, anónima y disponible durante las 24 horas en todo el territorio argentino.
El procedimiento judicial logró interrumpir el funcionamiento de dos plantas industriales y asistir a un grupo de trabajadores vulnerables. Sin embargo, el trágico desenlace del caso expone los interrogantes sobre la efectividad de las inspecciones preventivas en actividades de alto riesgo ambiental y la capacidad de las cadenas de reciclaje urbano para operar al margen de las normativas sanitarias vigentes.
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