Un inversor, patrocinado por Juan Grabois, presentó un recurso para evitar el cierre de la investigación por la criptomoneda que promocionó el Presidente. Denuncian ignorar pruebas clave, ocultar operaciones millonarias con información privilegiada y exigen que se cite a declarar a todos los involucrados.
La decisión judicial de cerrar la investigación sobre la presunta estafa detrás del criptoactivo $LIBRA encontró su primer gran obstáculo legal. El inversor Juan Patricio Marchetto, bajo el patrocinio letrado del dirigente social Juan Grabois y del abogado Nicolás Rechanik, apeló formalmente el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve implicados, buscando evitar que el expediente quede archivado de forma prematura.
El recurso apunta directamente contra la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había hecho lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano al considerar que no existían indicios suficientes de delito. Con esta medida judicial, los abogados intentan sostener la investigación que involucra a la cúpula del Ejecutivo, así como al empresario norteamericano Hayden Davis y a los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Críticas a la fiscalía y la sospecha de “información asimétrica”
En un duro escrito, la querella cuestionó la labor del fiscal Taiano, argumentando que si faltaban pruebas correspondía dictar la falta de mérito para seguir investigando, en lugar de un sobreseimiento definitivo. “La investigación permitió reconstruir una sucesión de acontecimientos anteriores, concomitantes y posteriores al lanzamiento de $LIBRA que justificaban profundizar la imputación”, señalaron los letrados.
Uno de los puntos más controversiales que expone la apelación es la identidad detrás de 74 billeteras cripto que ejecutaron 87 operaciones de compra por 13,5 millones de dólares apenas segundos antes del tuit promocional de Javier Milei. Mientras el fiscal atribuyó las pérdidas de los inversores a la simple “volatilidad del mercado”, los abogados de Marchetto exigen que se investigue si los organizadores operaron con “información asimétrica” o privilegiada para orquestar el engaño.
Además, los patrocinantes recriminaron que Taiano cerró el caso sin haber llamado a prestar declaración indagatoria a ninguno de los once investigados, a pesar de los movimientos de dinero cripto detectados tras las reuniones previas al lanzamiento.
Pruebas ignoradas y testigos excluidos
La apelación subraya que el juzgado dejó truncas diversas medidas de prueba, como los peritajes en curso sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados como presuntos intermediarios financieros de Hayden Davis.
Tampoco fueron citados testigos clave del entorno del empresario estadounidense, entre ellos Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda, y la abogada Yanina Nicoletti. Paradójicamente, el fiscal sí había evaluado citar a la periodista Natalia Volosin por la filtración del caso —a quien Milei atacó recientemente exigiendo que “arda en la hoguera”—, aunque luego dio marcha atrás.
La estrategia del “pretenso querellante” y el paralelismo con Cristina Kirchner
Tras haber sido apartados de la querella en julio por un pedido de la defensa avalado por la Cámara Federal, los inversores representados por Grabois, Rechanik y, en paralelo, por el abogado Nicolás Oszust, acudieron en queja a la Cámara II de Casación. Sostienen que, al no estar firmes los fallos, mantienen la figura de “pretensos querellantes” con pleno derecho a apelar.
Para sostener su reclamo, el escrito trazó un paralelismo con la causa de la “Ruta del Dinero K” contra Cristina Kirchner. Recordaron que, en aquel caso de presunto lavado de activos, la expresidenta había sido sobreseída por el fiscal Guillermo Marijuan, pero la investigación fue reabierta tras la intervención de una ONG, sentando jurisprudencia sobre el rol de actores externos en casos de corrupción.
“En este caso la estafa se sirvió de la corrupción pública, sin corrupción no hubiera existido estafa”, argumenta la presentación, refutando el dictamen de la Oficina Anticorrupción que había exculpado a Milei por considerar que tuiteó como “ciudadano” y no como Presidente. Para los apelantes, se violó la Ley de Ética Pública por negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, advirtiendo que los privilegios derivados de los cargos públicos “no deben ser puestos a disposición de un interés privado”.
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