Tras acordar límites a las sanciones para empresas extranjeras y sumar controles parlamentarios, comisiones de Diputados aprobaron este miércoles el dictamen de la Ley Malvinas para llevar el debate al recinto en noviembre.
Tras acordar límites a las sanciones para empresas extranjeras y sumar controles parlamentarios, comisiones de Diputados aprobaron este miércoles el dictamen de la Ley Malvinas para llevar el debate al recinto en noviembre.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa oficialista, orientada a endurecer las penalidades por explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur, reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes. El bloque libertario aspira a debatir la propuesta en el recinto durante la sesión tentativa del próximo 12 de noviembre.
Para destrabar el despacho de comisión, el Poder Ejecutivo aceptó acotar el esquema de sanciones económicas y administrativas. La redacción original alcanzaba de manera indistinta a empresas matrices, filiales, intermediarios financieros y accionistas vinculados a proyectos hidrocarburíferos ilegales en la Cuenca Malvinas, como el desarrollo Sea Lion.
El texto consensuado eximió de responsabilidades a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Damián Arabia, explicó durante el plenario que la reforma busca brindar garantías a quienes desconocieran el destino de sus fondos, en sintonía con las inquietudes transmitidas por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.
Paralelamente, las multas por explotación ilícita contemplarán montos de dos a cuatro veces el beneficio obtenido, o un rango de 2.000 a 40.000 barriles de petróleo cuando el cálculo no resulte cuantificable.
La iniciativa instituyó la creación del Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las áreas de defensa, inteligencia y seguridad interior. A instancias de las bancadas aliadas de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Poder Ejecutivo incorporó como miembro permanente al Ministerio de Seguridad, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva.
Asimismo, la Casa Rosada avaló la conformación de una comisión bicameral en el Congreso de la Nación. Dicho cuerpo legislativo tendrá la potestad de auditar los procesos del Consejo de Seguridad y deberá recibir los reportes oficiales dentro de un plazo de 48 horas tras la adopción de medidas operativas.
El articulado redefinió además el tipo penal referido a la injerencia extranjera. La figura castiga maniobras clandestinas o ilícitas orientadas a alterar procesos electorales, fijando escalas penitenciarias de cinco a doce años de prisión, con variantes que contemplan hasta quince años en debate. El texto excluyó expresamente a la labor periodística, la investigación académica y la actividad diplomática regular.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, denunció en el debate que las alteraciones respondieron de forma directa a las presiones del gobierno norteamericano en resguardo de corporaciones privadas.
En paralelo, sectores dialoguistas advirtieron que mantendrán reservas en el recinto si no se clarifica la delimitación entre las fuerzas armadas y de seguridad, la regulación sobre organizaciones no gubernamentales y las responsabilidades provinciales sobre infraestructura estratégica.
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El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba a principios de diciembre, la Argentina podrá acceder a unos USD 900 millones.
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Tras acordar límites a las sanciones para empresas extranjeras y sumar controles parlamentarios, comisiones de Diputados aprobaron este miércoles el dictamen de la Ley Malvinas para llevar el debate al recinto en noviembre.
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