Un peritaje de Gendarmería determinó que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo no son auténticos, al detectar cortes, regrabaciones y una cadena de custodia rota. La prueba clave sobre supuestos sobornos tambalea, aunque el juez Lijo continuará investigando.
Una de las causas judiciales que más ruido mediático venía generando en los pasillos de Comodoro Py acaba de toparse con una pared técnica que cambia por completo las cartas sobre la mesa. El peritaje científico de Gendarmería Nacional concluyó que las grabaciones no son auténticas, echando por tierra la pretensión de usar esos archivos de voz como prueba reina contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el marco de la pesquisa que investiga presuntos retornos y coimas millonarias con firmas farmacéuticas. Los peritos de la fuerza de seguridad revisaron cada pista de audio con instrumental de laboratorio avanzado y se toparon con un panorama desolador: cortes abruptos, saltos de frecuencias inexplicables y señales evidentes de que el material pasó por varias manos antes de llegar a la mesa del juez instructor.
El dictamen firmado por los especialistas del área forense fue lapidario al advertir que resulta materialmente imposible atribuir las voces a las personas imputadas en el expediente penal. Lejos de tratarse de registros directos y limpios salidos de un teléfono celular original, los expertos detectaron fenómenos de regrabación y transferencias acústicas, lo que en la jerga de la calle significa que alguien reprodujo un sonido sobre un parlante para volver a grabarlo con otro micrófono, borrando de un plumazo las frecuencias originales. Este tipo de maniobras no solo destruye la fidelidad del archivo original, sino que abre una ventana enorme a la duda sobre un eventual montaje casero o la utilización de plataformas de inteligencia artificial para clonar tonos de voz y fabricar diálogos artificiales.
Para que una prueba digital tenga valor frente a un tribunal de justicia, debe cumplir con un protocolo riguroso que certifique de dónde salió, quién la secuestró y qué manos la trasladaron sin alterarla en el camino. Sin embargo, en esta causa ocurrió todo lo contrario: la cadena de custodia de los audios se rompió por completo, ya que los archivos circularon libremente por chats de mensajería, redes sociales y redacciones periodísticas antes de ser aportados formalmente a la instrucción. Esa falta total de trazabilidad técnica impidió a los peritos de todas las partes cotejar el código digital original de los registros, dejando a la acusación sin su ancla más fuerte.
Durante la revisión en conjunto, tanto los peritos oficiales como los veedores propuestos por la defensa coincidieron en el mismo diagnóstico: el soporte magnético aportado presentaba huecos temporales y silencios artificiales que resultan incompatibles con una charla telefónica continua y espontánea. De esta manera, la hipótesis de la defensa sobre audios editados cobró una fuerza inusitada, restándole peso probatorio a la hipótesis de que se tratara de filtraciones puras captadas en tiempo real dentro de las oficinas del organismo estatal encargado de atender a las personas con discapacidad.
El expediente había ganado un voltaje político incendiario precisamente por los nombres que se ventilaban en esas grabaciones clandestinas. En los audios atribuidos al ex funcionario se detallaba un supuesto mecanismo de recaudación ilegal mediante el cobro de peajes a laboratorios y droguerías de primer nivel a cambio de agilizar expedientes de compras y pagos atrasados. Pero el dato que dinamitó la escena política fue que en uno de los tramos se insinuaba que parte del dinero negro iba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, involucrando de lleno al entorno más íntimo del jefe de Estado en el presunto circuito clandestino.
Pese al golpe demoledor que significa la caída de la prueba de voz para los denunciantes, la causa penal continúa en manos del juez federal Ariel Lijo, quien ahora deberá evaluar qué pasos procesales seguir sin el respaldo de los polémicos audios. En los tribunales de Retiro aclaran que la imposibilidad de validar las grabaciones no clausura de forma automática el expediente, pero sí obliga a los fiscales a buscar pruebas físicas tradicionales, como facturaciones de medicamentos, movimientos en cuentas bancarias y declaraciones testimoniales bajo juramento. Con la pista digital totalmente deshilachada y desacreditada por los peritajes de Gendarmería, la investigación entra en un terreno pantanoso donde la verdad judicial dependerá únicamente de los papeles contables que logren sobrevivir a la tormenta.
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