El fiscal Gerardo Pollicita descartó que Manuel Adorni se haya enriquecido ilícitamente como funcionario público, al no probarse desvíos estatales. Sin embargo, pidió declararse incompetente y enviar la causa a Penal Económico para investigarlo por presunta evasión fiscal.
La causa penal que le quitaba el sueño al vocero y exfuncionario libertario acaba de dar un giro determinante en los pasillos de los tribunales de Retiro. Tras una exhaustiva revisión de las pericias contables, el fiscal Gerardo Pollicita determinó que no existen pruebas para sostener que Manuel Adorni cometió enriquecimiento ilícito, descartando que el crecimiento de su patrimonio personal guarde relación con el ejercicio de la función pública. Con este dictamen sobre la mesa, la acusación más pesada se desinfló en la justicia federal, aunque el panorama judicial todavía dista mucho de estar completamente despejado.
La resolución del representante del Ministerio Público Fiscal no significa, bajo ningún punto de vista, un sobreseimiento definitivo ni un certificado de inocencia absoluta. Si bien el funcionario judicial concluyó que el salto patrimonial no provino de coimas, desvíos presupuestarios o prebendas estatales durante su paso por la administración libertaria, la fiscalía detectó inconsistencias financieras que apuntan a una presunta evasión fiscal, un delito de naturaleza estrictamente tributaria que escapa a la competencia penal de Comodoro Py y exige la intervención de fueros especializados.
Frente a este escenario, el fiscal consideró que los tribunales federales tradicionales ya no tienen materia para seguir instruyendo el expediente bajo la carátula de delitos contra la administración pública. Por esa razón, Pollicita solicitó formalmente declarar la incompetencia en lo penal federal y remitir el expediente al fuero Penal Económico, para que mediante sorteo se asigne un nuevo juzgado que determine si el exvocero presidencial omitió tributar ante los organismos recaudadores como cualquier ciudadano de a pie.
La sospecha que permanece viva en los legajos judiciales apunta directamente a los números finos de sus declaraciones juradas históricas. Según los peritajes preliminares, los peritos contables encontraron movimientos de dinero en efectivo, criptomonedas y dólares no declarados, operaciones financieras que habrían quedado por fuera de los radares de la AFIP durante varios ejercicios fiscales previos y contemporáneos a su desembarco en la Casa Rosada.
Desde el inicio de la investigación, el entorno legal del funcionario insistió en que su evolución económica respondía a su actividad previa en el sector privado como consultor, conferencista, generador de contenidos digitales y asesor financiero. Sin embargo, la justificación del patrimonio en billeteras virtuales y tenencias en moneda extranjera encendió dudas técnicas, ya que muchos de esos activos digitales carecen de trazabilidad bancaria tradicional y presentaban inconsistencias cronológicas respecto a las presentaciones oficiales de bienes personales y ganancias.
Para la fiscalía, esa falta de correlación entre lo declarado ante el fisco y los bienes reales no constituye automáticamente un delito de corrupción pública si los fondos no salieron del erario nacional. De ahí que el foco cambie de eje: la investigación deja de mirar si hubo corrupción estatal y pasa a indagar si hubo defraudación tributaria, un terreno espinoso donde las sanciones no solo contemplan multas millonarias y embargos, sino también penas de prisión efectiva si los montos evadidos superan los umbrales que fija la Ley Penal Tributaria.
En términos políticos, el dictamen representa un respiro indudable para el oficialismo y para la propia figura pública del exvocero, cuya imagen pública se apalanca en un discurso de estricta transparencia y combate contra los privilegios del Estado. El dictamen de Pollicita desactiva la acusación más lesiva en términos de opinión pública, quitándole a la oposición el argumento de que el dirigente utilizó el sillón oficial para engrosar sus cuentas bancarias de manera indebida mientras predicaba el ajuste fiscal para el resto de la sociedad.
Sin embargo, el aterrizaje de la causa en el fuero Penal Económico abrirá una nueva etapa procesal que promete estirarse durante meses. En esa instancia, la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá intervenir como querellante técnico y revisar cada factura, analizando contratos comerciales, movimientos de criptodivisas y cuentas bancarias para determinar si existió una maniobra deliberada de ocultamiento fiscal. Aunque zafó del fantasma de la corrupción en la función pública, la lupa de la justicia seguirá posada sobre las finanzas personales de Adorni, quien ahora deberá convencer a los jueces tributarios de que sus números cierran hasta el último centavo.
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