En una jornada histórica, legisladores paraguayos destituyeron de su cargo al presidente Santiago Peña y la Fiscalía dispuso su arresto domiciliario. El exmandatario enfrenta cargos por presunta lesión de confianza tras el colapso financiero de Ueno Bank.
Parlamentarios paraguayos resolvieron apartar de sus funciones al presidente de la República, Santiago Peña Palacios. La medida adoptada por el Congreso Nacional y la posterior ofensiva judicial respondieron al escándalo financiero derivado del colapso de la entidad Ueno Bank.
Antes de la votación, el pleno legislativo desestimó la dimisión presentada por el mandatario para juzgar sus responsabilidades políticas. La oposición parlamentaria argumentó que no correspondía otorgarle los fueros de senador vitalicio de cara a un eventual proceso penal ordinario.
Representantes de la Cámara de Diputados declararon culpable al gobernante con 78 votos afirmativos, correspondientes a los miembros activos presentes. La sesión no contó con dos bancas vacantes por renuncias previas de legisladores cuyos suplentes no habían jurado.
Minutos después, la Cámara de Senadores culminó el procedimiento con el grito de “¡Por la condena!” en el recinto. La votación registró 44 votos favorables entre los presentes, con la única ausencia del senador oficialista Enrique Riera.
Durante la audiencia, los abogados defensores Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro cuestionaron la solidez jurídica del libelo acusatorio y pidieron desestimar el juzgamiento. En contrapartida, los fiscales acusadores de Diputados exigieron la condena formal con el argumento de que una renuncia previa no debía impedir la determinación de responsabilidades políticas.
Peña no asistió al recinto a “dar la cara y destapar la olla”, como había prometido días antes. En su lugar, publicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de la red social X.
“Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay”, afirmó el expresidente. En el mismo texto agregó: “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”.
Consumada la destitución parlamentaria, los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González y Ruth Benítez presentaron la imputación penal. La causa caratulada por presunta lesión de confianza y otros delitos derivó en una orden de detención contra Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.
El Ministerio Público remitió el oficio a la Policía Nacional disponiendo que Peña permanezca bajo detención en su domicilio particular. Por su parte, la resolución fiscal dispuso que Carvallo sea derivado a dependencias policiales a disposición de las autoridades judiciales.
La acción penal respondió a denuncias legislativas sobre colocación irregular de fondos públicos en la entidad intervenida. Los legisladores señalaron que la investigación “también debe determinar quiénes decidieron colocar, renovar o mantener fondos públicos en la entidad” y si esas acciones expusieron los recursos a pérdidas millonarias.
Documentos aportados a la causa detallaron que Peña declaró en 2023 acciones en Ueno Holding por más de 6.144 millones de guaraníes. Además, se denunció la participación de su hermano en firmas del mismo conglomerado registradas en Luxemburgo.
El Congreso convocó a una sesión para tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, quien completará el mandato constitucional hasta agosto de 2028. Las actuaciones judiciales continuarán en la Unidad de Delitos Económicos para esclarecer el perjuicio financiero ocasionado a los fondos estatales.
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