El expresidente paraguayo fue evacuado de su residencia en Asunción en medio de protestas civiles antes de su declaración indagatoria por el caso Ueno Bank.
El expresidente paraguayo fue evacuado de su residencia en Asunción en medio de protestas civiles antes de su declaración indagatoria por el caso Ueno Bank.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, debió ser trasladado de urgencia desde su residencia particular en el barrio Santísima Trinidad, en Asunción, hacia las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial (REP).
El operativo militar y policial se ejecutó en medio de un clima de extrema hostilidad, con masivas manifestaciones civiles y violentos enfrentamientos en los alrededores del inmueble. La drástica medida de reubicación fue adoptada por las autoridades de seguridad con el objetivo excluyente de garantizar la integridad física del exjefe de Estado.
El traslado se dispuso de manera preventiva antes de la declaración indagatoria programada para este sábado a las 11:00 ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. El exmandatario se encuentra bajo investigación judicial en el marco de la causa penal N.° 92/2026.
El momento de la salida de Peña de su domicilio particular estuvo marcado por escenas de descontrol y un fuerte nerviosismo. Un nutrido grupo de manifestantes sobrepasó las previsiones de seguridad y arrojó diversos objetos contundentes, entre ellos piedras y huevos, contra los vehículos blindados que integraban la comitiva oficial de evacuación.
Mientras esto ocurría, las fuerzas policiales intentaban sostener un cordón perimetral que terminó siendo desbordado por los ciudadanos. La indignación popular que precipitó el escrache civil se originó tras conocerse que la Fiscalía General había ordenado inicialmente una reclusión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Cientos de vecinos del barrio La Piedad y ahorristas afectados se concentraron en el lugar para repudiar lo que consideraron un “trato especial” hacia el exlíder del Ejecutivo. Con pancartas y cánticos, la multitud exigía de forma unánime que Peña fuera esposado y trasladado de inmediato a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Ante el avance incontrolable de la muchedumbre en los accesos de la residencia, los efectivos de la Policía Nacional debieron emplear la fuerza para dispersar a los manifestantes, registrándose disparos de balas de goma e incidentes que dejaron heridos, entre ellos al jefe policial de la Décima, Pedro Bavera. Ante la imposibilidad material de contener los disturbios y asegurar el perímetro, el mando militar ordenó que Peña fuera resguardado en los cuarteles del Regimiento Escolta Presidencial, ubicados en las avenidas General Santos y Mariscal López.
Esta detención se produjo pocas horas después de que la Cámara de Senadores de Paraguay aprobara por unanimidad la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño en sus funciones. Aunque el dirigente colorado había intentado adelantarse presentando su renuncia formal el jueves, el Congreso Nacional rechazó tratar la dimisión con el propósito explícito de avanzar con el juzgamiento político.
Esta resolución parlamentaria conllevó, además, la inhabilitación del exgobernante para ocupar una banca como senador vitalicio. El trasfondo judicial que provocó la caída del gobierno de Peña y su posterior arresto radica en el estallido de un escándalo financiero vinculado a la quiebra e intervención por insolvencia de Ueno Bank.
La Fiscalía de Delitos Económicos investiga al exmandatario por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias e infracciones informáticas. Las pesquisas buscan dilucidar el grado de responsabilidad penal de Peña, quien en sus declaraciones juradas del año 2023 figuraba como un importante accionista y poseedor de millonarios fondos en certificados de depósito dentro de dicho grupo financiero.
El caso, que mantiene en vilo al país, también implicó la entrega voluntaria ante la Policía del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, sobre quien pesaba idéntica orden de captura por la presunta omisión de alertas regulatorias y connivencia en la colocación indebida de fondos públicos estatales en la entidad bancaria caída.
Mientras tanto, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, asumió la conducción del país y prometió que los casi tres millones de ahorristas damnificados serán plenamente compensados.
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