Tras la condena firme de Lázaro Báez, la Justicia ha dado un paso decisivo para recuperar los fondos de la corrupción. La orden de decomiso, que alcanza más de US$54 millones en activos en Argentina y el extranjero, marca un precedente en la lucha contra la impunidad. La medida busca transformar un fallo en una …
En un nuevo capítulo de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, el Tribunal Oral Federal N°4 ha ordenado el decomiso de propiedades y activos de Lázaro Báez y su hijo, Martín Báez, por un valor que supera los 54 millones de dólares. La decisión judicial, firmada por el juez Néstor Costabel, tiene como principal objetivo recuperar el dinero blanqueado a partir de los delitos de corrupción con la obra pública, que se dieron por probados durante el juicio. A esta cifra se suman otros 5 millones de dólares y 4.174.697 de pesos que también serán confiscados.
La medida del decomiso no solo alcanza a los activos en el país, sino que también abarca bienes en el exterior. Las autoridades han solicitado la repatriación de 907.202 dólares de una cuenta en Suiza y de casi 4 millones de euros de dos cuentas en Bahamas, todas vinculadas a las sociedades de Báez. Además, se ordenó el recupero de los fondos obtenidos de la subasta de dos aeronaves, un total de 4.300.000 pesos, que serán depositados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación patrimonial, que dio con los bienes ahora decomisados, fue liderada por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Durante meses, un equipo del Ministerio Público Fiscal, con el apoyo del Cuerpo de Tasadores de la Nación, recorrió Santa Cruz y otras provincias, donde encontraron un total de 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de una red de 19 empresas en las que Báez tenía participación. Entre los bienes se encuentran desde estancias de miles de hectáreas hasta departamentos y hoteles en El Calafate y Río Gallegos.
Con este paso, la Justicia avanza en la ejecución de las sentencias y en la aplicación de las multas correspondientes, que en el caso de Lázaro Báez equivalen al triple del monto lavado, y en el de su hijo, a siete veces la cantidad.
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