Ariel García Furfaro, principal acusado por la tragedia del fentanilo contaminado, declaró ante la justicia y descartó responsabilidad directa, atribuyendo fallas a su equipo técnico.
Ariel García Furfaro, principal acusado por la tragedia del fentanilo contaminado, declaró ante la justicia y descartó responsabilidad directa, atribuyendo fallas a su equipo técnico.
En una extensa jornada de indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, el empresario Ariel García Furfaro se declaró inocente de la acusación que lo vincula a la tragedia sanitaria del fentanilo contaminado. El principal imputado de la causa, directivo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, afirmó que las fallas en los lotes de ampollas adulteradas son responsabilidad exclusiva de sus empleados y del personal técnico.
Furfaro, cuya defensa sostiene que carecía del conocimiento técnico para supervisar la producción, buscando trasladar la culpa a una “cadena de empleados” que, según su abogado, estaban “adecuados a la solicitud de la ANMAT”. Esta estrategia de defensa contrasta con la grave acusación de la fiscal Laura Roteta, que le imputa un delito con una pena máxima de 25 años.
La declaración se produce en el marco de la investigación que también ha indagado a otros diez detenidos, incluyendo a la familia directa del empresario y a directivos de sus laboratorios.
Mientras las familias de las víctimas exigen justicia, el caso profundiza la reflexión sobre la responsabilidad corporativa y los límites entre el rol de propietario y la obligación de garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos.
La causa, considerada la mayor tragedia sanitaria por medicamentos en el país, pone a prueba no solo la culpabilidad de los imputados, sino también la eficacia de los organismos de control del Estado y la cadena de producción y distribución de fármacos.
El escándalo llegó a la esfera política y mediática, con declaraciones del presidente y la ministra de Seguridad, quienes reclamaron justicia y destacaron el avance de la causa. Sin embargo, el proceso judicial está lejos de cerrarse y plantea interrogantes sobre la seguridad sanitaria y el sistema regulatorio en Argentina.
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