Ariel García Furfaro, principal acusado por la tragedia del fentanilo contaminado, declaró ante la justicia y descartó responsabilidad directa, atribuyendo fallas a su equipo técnico.
Ariel García Furfaro, principal acusado por la tragedia del fentanilo contaminado, declaró ante la justicia y descartó responsabilidad directa, atribuyendo fallas a su equipo técnico.
En una extensa jornada de indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, el empresario Ariel García Furfaro se declaró inocente de la acusación que lo vincula a la tragedia sanitaria del fentanilo contaminado. El principal imputado de la causa, directivo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, afirmó que las fallas en los lotes de ampollas adulteradas son responsabilidad exclusiva de sus empleados y del personal técnico.
Furfaro, cuya defensa sostiene que carecía del conocimiento técnico para supervisar la producción, buscando trasladar la culpa a una “cadena de empleados” que, según su abogado, estaban “adecuados a la solicitud de la ANMAT”. Esta estrategia de defensa contrasta con la grave acusación de la fiscal Laura Roteta, que le imputa un delito con una pena máxima de 25 años.
La declaración se produce en el marco de la investigación que también ha indagado a otros diez detenidos, incluyendo a la familia directa del empresario y a directivos de sus laboratorios.
Mientras las familias de las víctimas exigen justicia, el caso profundiza la reflexión sobre la responsabilidad corporativa y los límites entre el rol de propietario y la obligación de garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos.
La causa, considerada la mayor tragedia sanitaria por medicamentos en el país, pone a prueba no solo la culpabilidad de los imputados, sino también la eficacia de los organismos de control del Estado y la cadena de producción y distribución de fármacos.
El escándalo llegó a la esfera política y mediática, con declaraciones del presidente y la ministra de Seguridad, quienes reclamaron justicia y destacaron el avance de la causa. Sin embargo, el proceso judicial está lejos de cerrarse y plantea interrogantes sobre la seguridad sanitaria y el sistema regulatorio en Argentina.
Los números indican que, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires, el incremento fue leve en lo que va de 2026.
Trasladaron a dos policías que sufrieron intoxicación por monóxido de carbono. Un hombre habría prendido fuego su departamento tras una discusión.
En el peronismo valoraron la mesura y el orden que mantuvo el bloque, aunque destacaron las preguntas incisivas que el jefe de Gabinete lo logró responder.
Pagni alerta sobre la deriva populista de Milei al atacar a la prensa y la Justicia para blindar a Adorni. Mientras la interna oficialista margina a Caputo, el ministro Mahiques diseña un Poder Judicial a medida para garantizar impunidad.
Gendarmería secuestró por primera vez 300 ampollas de fentanilo en Corrientes, ocultas en un taxi de Posadas. El fármaco, de origen paraguayo, fue hallado en una ruta secundaria. El chofer quedó detenido mientras la Justicia investiga el destino del cargamento.
A partir de mayo, el Gobierno actualizó las tarifas de gas en el AMBA mediante la Resolución 463/2026. Con subas técnicas de hasta el 3%, el nuevo esquema ajusta cargos fijos y variables, limitando los subsidios solo a usuarios altamente vulnerables.
Axel Kicillof consolida su plataforma “Movimiento Derecho al Futuro” para sustentar una candidatura presidencial, alejándose de las disputas internas del peronismo. Mediante nuevas ramas sectoriales y equipos técnicos, el gobernador fortalece su armado territorial mientras mantiene una confrontación directa con Milei.
Un paro de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional provoca demoras y cancelaciones de vuelos en Ezeiza y Aeroparque. La protesta, motivada por el despido de 240 empleados, coincide con el inicio del fin de semana largo, afectando la seguridad aérea.
