El exjefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, fue detenido, acusado de liderar una asociación ilícita. La banda, compuesta por policías y civiles, usaba recursos del Estado para cometer delitos como extorsión y “desalojos exprés” con fines de lucro. Otros seis acusados también quedaron bajo prisión preventiva.
La justicia de Córdoba ha dictado prisión preventiva contra Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien hasta hace poco dirigía la Policía Caminera, acusado de ser el cabecilla de una organización delictiva. El fiscal Guillermo González ha desarticulado una presunta asociación ilícita dedicada a cometer delitos tanto contra la propiedad privada como contra la administración pública, con el objetivo de obtener lucro personal.
Ochoa Roldán enfrenta una larga lista de cargos, que incluyen “asociación ilícita en carácter de jefe”, peculado de servicio, extorsión, y enriquecimiento ilícito, entre otros. La gravedad de las acusaciones se centra en el supuesto uso indebido de su posición y recursos estatales para llevar a cabo actividades criminales.
La banda criminal estaba integrada por siete personas, cinco de ellas miembros de la fuerza policial, algunos con alta jerarquía. Además de Ochoa Roldán, el fiscal González ha ordenado la detención preventiva de otros cinco acusados.
Entre los detenidos se encuentran Gabriel Élido Burkhard, un civil acusado de ser el “organizador” de la banda; y los policías Martín Darío Heredia y Leonardo Javier Torres. Los agentes Jorge Alberto Gutiérrez y el civil Gastón Miguel Ochoa Roldán también recibieron prisión preventiva por 60 días, debido a su menor implicación en los hechos. Por otro lado, el policía Dante Gabriel Villalba, imputado por coacción, pudo salir en libertad tras depositar una fianza de $20.000.000.
La investigación ha revelado un sistema criminal meticulosamente organizado, con roles definidos y un uso descarado de los recursos del Estado. Según la fiscalía, la red operaba con una “estructura celular”, con grupos que trabajaban de forma coordinada.
Abuso de bases de datos: la banda supuestamente accedía a información confidencial de sistemas policiales, como el 911 o la División de Antecedentes Personales. Esta información se utilizaba para “tarifar” servicios ilegales.
Aprovechamiento de recursos públicos: los miembros de la red habrían utilizado patrullas y sus horarios laborales, pagados por el Estado, para realizar “visitas” o recibir clientes en despachos de la jefatura policial, con el fin de resolver casos personales.
“Desalojos ilegales”: una de las maniobras más graves era la usurpación de propiedades a través de desalojos “exprés”. Con el uso de la intimidación, la banda cobraba hasta el 30% del valor de un inmueble. Los audios de la causa son crudos y revelan la violencia de sus métodos, con frases como: “…vamos a entrar en la casa y ya estamos de igual a igual con ellos adentro, con el grupo adentro, va a haber dos opciones: o llegan a un acuerdo y se van pacíficamente, o los sacamos a patadas en el orto”.
La justicia ha determinado que Burkhard se encargaba de conseguir los casos, que luego delegaba en Maximiliano Ochoa Roldán. Este último, a su vez, decidía qué miembros de la banda se harían cargo de la operación, mostrando una clara cadena de mando.
El fiscal González subrayó la “gravedad institucional” de que funcionarios de alto rango y con más de veinte años de servicio en la fuerza policial se involucren en actividades de este tipo. A pesar de los importantes avances, la investigación está en una fase inicial, y las autoridades no descartan que se descubran nuevos delitos o responsables. El “nutrido caudal probatorio”, que incluye un extenso análisis de llamadas y mensajes, ha sido clave para establecer la conexión entre los implicados y sus roles en esta compleja red criminal.
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