El Gobierno argentino incluyó al Cartel de los Soles, vinculado al gobierno venezolano, en su registro de organizaciones terroristas. La medida busca fortalecer la lucha contra redes ilícitas y coordinar con aliados internacionales, en medio de tensiones políticas y negaciones públicas sobre la existencia real del grupo.
La inclusión del Cartel de los Soles en la lista argentina se produce en un contexto regional marcado por tensiones políticas y diplomáticas, especialmente entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. El presidente colombiano Gustavo Petro ha cuestionado públicamente la existencia de esta organización, calificándola como “una excusa ficticia de la extrema derecha” para desestabilizar gobiernos. Petro sostiene que el narcotráfico que atraviesa la región es controlado por múltiples grupos y que el problema debe resolverse mediante diálogo y cooperación regional.
Estas declaraciones han generado polémica y críticas, particularmente desde Washington, donde legisladores han advertido que negar la existencia del cartel afecta las políticas de seguridad hemisférica y podría tener consecuencias legales para funcionarios que colaboren con sus integrantes. El congresista estadounidense Carlos Gimenez acusó a Petro de cooperar con el Cartel de los Soles y ha expresado preocupación por la posible impunidad de redes ilícitas transnacionales en Sudamérica.
Mientras tanto, el gobierno venezolano, dirigido por Nicolás Maduro, ha rechazado las acusaciones internacionales, denunciando que las amenazas son parte de una campaña para socavar la estabilidad regional e intervenir en asuntos internos. Maduro asegura que el Ejército Nacional Bolivariano está comprometido con la seguridad y que las denuncias responden a intereses políticos externos.
Este complejo entramado político y diplomático añade un matiz de incertidumbre sobre el alcance real y las actividades del Cartel de los Soles, un grupo que Estados Unidos vincula estrechamente con altos funcionarios del régimen venezolano. Argentina, al sumarse a la lista de países que lo reconocen como organización terrorista, busca fortalecer su capacidad para combatir activa y legalmente estas redes, pero también debe navegar este delicado escenario internacional.
Joseph Kent dimitió al Centro Nacional Antiterrorista tras denunciar que Teherán no representaba una amenaza inminente. El funcionario acusó presiones externas en la ofensiva, evidenciando una profunda fractura ideológica dentro de la administración de Donald Trump ante el conflicto.
La mesa política oficialista analizó en Casa Rosada un paquete de reformas penales y de propiedad privada. El encuentro ocurrió tras controversias por viajes oficiales y peritajes judiciales que involucran a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional.
La gestión transitoria con Sergio Constantino a la cabeza decidió interrumpir de forma unilateral el proceso del entrenador
El presidente José Antonio Kast supervisó el inicio de una zanja en el complejo Chacalluta, frontera norte con Perú. Las obras del Ejército buscan frenar migración irregular junto a vallas y vigilancia tecnológica. El plan se lanzó cinco días después de su asunción, en Arica, 2.200 kilómetros al norte de Santiago.
Representantes de la Nación y de la provincia de Buenos Aires mantuvieron un primer encuentro en el máximo tribunal por el reclamo de deudas de ANSES. El gobierno de Axel Kicillof estima que los fondos adeudados alcanzan los $2,2 billones.
El stock total de pasivos nacionales aumentó US$11.200 millones en febrero, impulsado por la inflación y la apreciación del peso. Pese al incremento nominal, la deuda respecto al Producto Bruto Interno descendió al 56,9% por factores estadísticos.
Javier Milei reafirmó este martes en Buenos Aires el alineamiento argentino con Estados Unidos e Israel, durante el acto por los 34 años del atentado a la Embajada israelí y ante amenazas iraníes.
El juez nacional Hernán Mendel dictó una medida cautelar que suspende la transferencia de los tribunales del trabajo a la órbita porteña. El fallo representa un revés estratégico para la reforma impulsada por Javier Milei, que buscaba en la jurisdicción local un escenario más favorable para reducir las indemnizaciones y el volumen de juicios.
