La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la prohibición judicial que impide la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. La organización alertó sobre un precedente peligroso para la libertad de expresión y el acceso a la información pública, denunciando que la medida fomenta la censura previa y la autocensura en medios y redes.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, señaló que esta prohibición vulnera el derecho de la sociedad a estar informada y establece un precedente peligroso para la democracia, ya que impide que periodistas, medios y ciudadanos compartan o debatan sobre asuntos de interés público. Dutriz destacó que la medida alcanza incluso a redes sociales y plataformas digitales, generando un efecto de autocensura.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, afirmó que ante posibles dudas sobre la autenticidad de los audios corresponde investigar su origen o establecer responsabilidades posteriores, pero criticó que se bloquee preventivamente su difusión. Resaltó que la transparencia y el debate público sobre actos de funcionarios son pilares esenciales de la democracia y que corresponde garantizar el acceso de la sociedad a esta información.
La SIP también condenó el pedido del Ministerio de Seguridad de Argentina para allanar el streaming Carnaval y las residencias de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, vinculados con la difusión de estos audios. La organización recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa.
Agrupaciones locales como ADEPA y FOPEA rechazaron enérgicamente esta medida judicial, sosteniendo que, en todo caso, los periodistas están sujetos a responsabilidades civiles y penales posteriores derivadas del ejercicio pleno de la libertad de expresión, pero no a censura anticipada.
Esta controversia se enmarca en la investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un contexto político sensible y próximo a las elecciones legislativas nacionales.
El presidente Javier Milei sostiene que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y forman parte de un plan para desestabilizar su gobierno, aunque se prioriza garantizar el derecho a la información a la ciudadanía, según la SIP.
Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo aceptó modificar el capítulo de la Ley de Tierras. El nuevo borrador fija un techo del 25% a la compra por parte de extranjeros y concede facultades de reglamentación a las provincias.
El sindicalista y exdiputado nacional fue aprehendido en la vía pública tras ser acusado de agredir a una joven de 23 años. La policía lo interceptó en el barrio porteño de Belgrano luego de una llamada de emergencia al 911.
A días del cierre del mercado, el Xeneize corre contra el reloj para tapar el hueco ofensivo tras la lesión de Adam Bareiro. Entre la veteranía de Enner Valencia y la sequía goleadora del Chimy Ávila, la gestión apela a la improvisación y al desprendimiento a apuradas de juveniles para emparchar el plantel.
El reality de Telefe alcanzó un pico de 12,6 puntos y se impuso en el prime time de la televisión argentina. En una jornada con alta tensión, Steffany “Campanita” Pereira se convirtió en la nueva eliminada del certamen.
Los gobiernos de España y Marruecos atribuyen la reciente entrada masiva de personas a redes ilegales. Sin embargo, la Justicia española investiga si existió una organización criminal detrás del fenómeno mientras crecen los interrogantes sobre la falta de pruebas oficiales.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
