El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazó el Presupuesto 2026 del gobierno de Javier Milei, al denunciar que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. La entidad pide al Congreso que rechace el veto al financiamiento para evitar una mayor crisis.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, ha emitido un comunicado contundente para rechazar el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei. La entidad educativa advirtió que la propuesta oficial “consolida el ajuste” sobre el sistema universitario y científico, al no contemplar las necesidades reales del sector.
La postura del CIN se produce a pocos días de que el Congreso debata el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que, de ser anulada, agravaría aún más la crisis presupuestaria. Los rectores han hecho un llamado a los legisladores para que rechacen el veto y aprueben un presupuesto “razonable” que evite que la educación pública siga sufriendo recortes.
Según el análisis del CIN, el presupuesto de $4,8 billones que el gobierno ha destinado a las universidades para el próximo año es “una cifra que queda muy lejos de los $7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”. La entidad educativa explicó que el monto asignado para 2026 es prácticamente el mismo que el de 2025, un año que, en palabras del Consejo, se vivió en “peligro” por la falta de financiamiento.
El comunicado del CIN, que fue difundido este lunes, alerta que el proyecto de presupuesto “consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, lo que podría tener consecuencias nefastas para la educación pública. La expectativa del Consejo ahora descansa en el Congreso de la Nación, donde se espera que los legisladores se unan para defender la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del Poder Legislativo de rechazar el veto presidencial será una prueba de fuego para el futuro de las universidades públicas en el país.
Javier Milei iniciará una extensa gira internacional por España, Paraguay, Estados Unidos y Francia para eludir la tensión política local. El Presidente buscará inversiones tecnológicas y energéticas, asistirá a la cumbre del Mercosur y participará de festejos oficiales en Norteamérica.
El gobierno porteño licitó la instalación de baños, cafeterías y Wi-Fi en dieciséis grandes parques mediante inversiones privadas de u$s4,6 millones. El proyecto otorga concesiones por cinco años sin costos estatales, buscando mejorar la seguridad y comodidad urbana.
El PRO ratificó su autonomía y se proyecta como alternativa presidencial para 2027 tras cuestionar la gestión de Manuel Adorni. La conducción macrista busca superar internas pasadas, mientras el oficialismo advierte que una división electoral beneficiaría indirectamente al kirchnerismo.
Lula da Silva participó en la cumbre del G7 en Francia para diversificar mercados frente a los aranceles de Trump. El mandatario brasileño buscó alianzas con Japón y Europa, posicionándose como líder del Sur Global en la defensa de materias primas.
Pagni define a Adorni como el papel de tornasol de una “casta libertaria” que evade y justifica la corrupción. Detalla el “super RIGI” de impunidad en Comodoro Py y cómo el arresto de Leal hizo caer el millonario acuerdo aeroportuaria con Eurnekian.
Domingo Cavallo cuestionó la coherencia del plan económico de Milei debido a la confrontación política. El exministro reclamó eliminar impuestos distorsivos como las retenciones agropecuarias para superar la recesión, y advirtió que frenar la inversión en infraestructura es perjudicial.
El diputado argentino Juan Marino denunció la expulsión forzada de una comitiva humanitaria en La Paz, tras ser retenida por autoridades bolivianas. La delegación planeaba investigar denuncias de represión bajo la gestión de Rodrigo Paz, y recurrirá a organismos internacionales.
El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
