La Corte Suprema aceptó un reclamo de Entre Ríos por fondos previsionales contra el Estado Nacional. La demanda, de $154.000 millones, busca el cumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y reaviva un debate por la coparticipación con las provincias.
La Corte Suprema aceptó un reclamo de Entre Ríos por fondos previsionales contra el Estado Nacional. La demanda, de $154.000 millones, busca el cumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y reaviva un debate por la coparticipación con las provincias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado un nuevo litigio entre una provincia y el Estado nacional. En una resolución unánime, el Máximo Tribunal ha declarado su competencia para dirimir una demanda de la provincia de Entre Ríos que busca el cumplimiento de las transferencias previstas en el Consenso Fiscal de 2017. El reclamo, que fue iniciado por el gobernador Rogelio Frigerio en abril de 2024, exige el pago de más de $154.000 millones de pesos por el financiamiento del régimen previsional provincial.
El fallo de la Corte, que lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, da luz verde a la provincia para que avance con su demanda. En la resolución, los jueces argumentaron que la acción judicial debía sustanciarse en la “instancia originaria” del tribunal, ya que la Constitución nacional establece que la Corte tiene competencia para resolver conflictos entre las provincias y el Estado. “La única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”, se lee en el fallo.
La demanda de Entre Ríos se basa en el “Consenso Fiscal” que el expresidente Mauricio Macri firmó en 2017 con los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. En ese pacto, el Estado Nacional se había comprometido a una serie de obligaciones específicas, como la de modificar un decreto para eliminar penalizaciones por la no armonización de los sistemas jubilatorios locales, y a asegurar que la ANSES continuara liquidando anticipos mensuales a las provincias. El acuerdo también establecía que las partidas presupuestarias se debían aumentar en la misma proporción que las del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se creó un mecanismo de “anticipos automáticos” para cubrir el déficit de las cajas provinciales.
La provincia de Entre Ríos sostiene que el Estado Nacional ha incumplido con sus obligaciones, lo que ha generado un déficit en su caja previsional que ahora reclama por vía judicial. El cuestionamiento de la provincia se suma a otros procesos que han iniciado distintas jurisdicciones que alegan retrasos en las transferencias previstas en el Consenso Fiscal. En estos casos, la Corte también ha asumido competencia originaria.
El proceso continuará por la vía ordinaria y el Estado Nacional tendrá un plazo de 60 días para responder a la demanda. La resolución final dependerá de las pruebas que se presenten y de los argumentos que aleguen las partes. El fallo de la Corte Suprema, que reafirma su rol como árbitro en los conflictos entre las provincias y la Nación, es un hecho de gran relevancia política en un contexto en el que los gobernadores reclaman una mayor autonomía y participación en los ingresos federales.
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