El Gobierno Nacional dispuso un operativo de seguridad sin precedentes con más de mil efectivos de fuerzas federales para custodiar los alrededores del Congreso, donde se realizará una manifestación masiva en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei sobre leyes de financiamiento educativo y emergencia pediátrica.
En vísperas de la tercera Marcha Federal Universitaria contra los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Educativo y de Emergencia Pediátrica, que tendrá su acto central frente al Congreso Nacional, el Gobierno Nacional organizó un megaoperativo de seguridad compuesto por aproximadamente 1.100 agentes de las fuerzas federales.
El despliegue incluye a alrededor de 700 policías federales, 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 efectivos de Prefectura Naval y unos 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A esta presencia se suman uniformados de la Policía de la Ciudad, que custodian las calles de la jurisdicción y refuerzan los accesos al Congreso.
Las fuerzas estarán distribuidas en la Plaza del Congreso y sus alrededores, junto con la instalación de vallas para controlar el acceso y evitar incidentes durante la concentración prevista desde el mediodía. La manifestación convocada congregará a estudiantes, docentes, médicos, residentes del Hospital Garrahan, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas, anticipándose como multitudinaria.
Además, en paralelo, se llevará a cabo la tradicional marcha de los jubilados, que protestan por el plan económico del gobierno y la delicada situación que atraviesan los adultos mayores en todo el país.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que se invirtió históricamente en equipamiento para las fuerzas federales, dotándolas de chalecos, escopetas, motos y vehículos de última generación para garantizar el orden y enfrentar el crimen organizado. En un video institucional, resaltó que estas medidas buscan que “la seguridad no sea un discurso, sino hechos concretos” y enfatizó la importancia de mantener el orden en las calles para el futuro del país.
El operativo se enmarca en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales, donde la protesta callejera y la actividad legislativa convergen en momentos cruciales para el gobierno de Javier Milei y el escenario electoral de octubre.
Cinzia Francischiello debió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada para someterse a estudios médicos tras accidentarse durante un baile. La participante permanece internada a la espera de un diagnóstico oficial.
En las instalaciones militares de Río Cuarto, la Fuerza Aérea exhibió sus nuevos cazas F-16 y ratificó el adelanto de la segunda tanda de aviones supersónicos para el mes de septiembre.
Ante las dificultades de inserción en el mercado laboral, la provincia de Córdoba abrió las inscripciones del programa Empleo +26, una iniciativa que ofrecerá diez mil cupos entre contrataciones formales subsidiaras y prácticas capacitantes para desempleados.
El Gobierno oficializó el nuevo tope de 3.000 dólares para importaciones por correo sin fines comerciales. El esquema elimina trabas aduaneras para paquetes individuales, pero exige autorización de ANMAT para el ingreso de medicamentos.
Victoria Villarruel acusó a Javier Milei de replicar “insensateces e inventos” tras difundir críticas de Lilia Lemoine, en un tenso cruce en redes sociales que expuso fuertes acusaciones de “golpismo” e internas en el oficialismo.
La cantante rosarina sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un cambio de estilo de cara al lanzamiento de su nuevo disco “JPT”. Además de preparar su nueva era musical, la artista se sumó como jurado del programa Popstars.
La cobertura de vacunación infantil en Argentina cayó por debajo del 90%, provocando un aumento en las internaciones por meningitis y neumonía. Especialistas advierten sobre el impacto de la desinformación en redes sociales y la desatención del calendario oficial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó la Resolución General 5884/2026 para renovar el régimen de envíos internacionales. El sistema fija un tope de USD 3.000, exige validación digital en e-commerce y simplifica los trámites para consumo personal.
