La pericia del Malbrán sobre el fentanilo contaminado no descarta un sabotaje. El informe, que responde a la defensa de García Furfaro, sugiere que la contaminación pudo ser intencional o involuntaria, lo que introduce un nuevo elemento de duda en la causa.
En un nuevo y crucial desarrollo del caso del fentanilo contaminado, la defensa de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma y principal imputado por la muerte de 96 personas, ha interrogado al Instituto Malbrán sobre las circunstancias que pudieron llevar a la contaminación del anestésico. Las preguntas, que se centran en la posibilidad de un sabotaje y en las fallas de los controles internos, han introducido un nuevo elemento de duda en un expediente que investiga la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente del país.
El abogado de García Furfaro, Gastón Marano, le pidió al Malbrán, a través de dos preguntas, que se expidiera sobre el tema. La primera, de carácter global, buscaba establecer si existen precedentes de contaminación con bacterias multirresistentes en un “laboratorio y/o ámbito aséptico”. La segunda, más específica, buscaba identificar en qué parte del proceso productivo pudo ocurrir la contaminación y si pudo haber sido “adrede”, una palabra que el Malbrán reformuló como “sabotaje”.
La pericia del Malbrán, que entró al expediente del juez federal Ernesto Kreplak, ofreció un análisis detallado del proceso de producción de una droga. En su respuesta, el instituto afirmó que, si bien hay “precedentes de este tipo de eventos”, es “difícil encontrar bibliografía disponible” que los documente en profundidad. El Malbrán, de hecho, citó un informe de la FDA de Estados Unidos que reveló que en el 87% de los casos de retiro de inyectables estériles entre 2012 y 2019, no se identificó el microorganismo causante de la contaminación. La respuesta del Malbrán, en este sentido, da crédito a la hipótesis de la defensa de que una “acción maliciosa o accidental de un tercero” pudo haber sido la causa de la tragedia.
En cuanto a la segunda pregunta, el Malbrán identificó al “llenado aséptico” como el “punto más probable para la ocurrencia de una contaminación intencional o imprudente”. El instituto explicó que, si bien esta etapa se lleva a cabo en un ambiente de riguroso control, “una persona con acceso directo” podría haber introducido la bacteria, ya sea de forma “maliciosa o involuntaria”. Sin embargo, el Malbrán también señaló que si la contaminación se produjo antes de que el producto fuera liberado al mercado, “debería haberse identificado en Control de Calidad, a menos que el sistema de producción y control del laboratorio fuese tan inconsistente y precario que permita sistemáticamente liberar al mercado productos que no cumplen los estándares”. La aclaración es clave, ya que el Malbrán había documentado previamente que los laboratorios no cumplían con las buenas prácticas de fabricación.
El Malbrán, que no es una autoridad judicial, se limitó a ofrecer un análisis técnico y no se pronunció sobre la “intencionalidad” de la contaminación. Sin embargo, su informe ha introducido un nuevo elemento de duda en la causa. El juez Kreplak deberá ahora decidir si la contaminación fue producto de una negligencia grave de los laboratorios o si un tercero, a través de un sabotaje, pudo haber sido el responsable. El desenlace del juicio no solo determinará el destino de los 17 imputados, sino que también sentará un precedente para la industria farmacéutica y para la regulación de los medicamentos en el país. El debate sobre la seguridad de los medicamentos, en este sentido, ha pasado de un tema de salud pública a un tema de alta complejidad judicial.
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