Legisladores de Encuentro Federal y referentes opositores presentan proyecto por suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Alegan nulidad de decreto, incumplimiento legal y violaciones constitucionales.
Legisladores de Encuentro Federal y referentes opositores presentan proyecto por suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Alegan nulidad de decreto, incumplimiento legal y violaciones constitucionales.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, junto a los diputados Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, formalizó un proyecto de resolución para citar e interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura. El pedido se basa en el incumplimiento del Ejecutivo respecto a la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero suspendida mediante el Decreto 681/2025.
El proyecto especifica varias causales para la moción, entre ellas: la nulidad e ilegalidad del decreto que suspende la ley, el incumplimiento de legislación vigente —incluyendo la Ley 27.793 y la Ley 24.156—, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias. Cada causal será tratada de forma independiente en el pleno, donde se debatirá y votará.
Este mecanismo está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece un procedimiento para que el Congreso pueda interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo, con la posibilidad de removerlos mediante mayoría absoluta. Sin embargo, la responsabilidad política no alcanza al Presidente, únicamente al funcionario cuestionado, en este caso el jefe de Gabinete.
La ley suspendida había sido aprobada tras superar un veto del Ejecutivo en agosto, pero su implementación fue postergada para revisar su financiamiento dentro del Presupuesto 2026. Paralelamente, se dictó una decisión administrativa que reasignó fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ampliando el presupuesto para actualizar pagos a prestadores en el sistema de prestaciones básicas.
La oposición argumenta que la suspensión priva a las personas con discapacidad de derechos fundamentales y representa un conflicto entre la planificación financiera y la protección social. La iniciativa legislativa refleja, además, una profundización del control político y jurídico sobre la gestión ejecutiva en un contexto de tensión entre poderes.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
