centro porteño: amparo colectivo para evitar la demolición de un puente histórico

Organizaciones civiles reclaman ante la Justicia que se preserve el viaducto centenario ubicado entre Palermo y Colegiales, solicitando la intervención para que la Ciudad detenga la descatalogación del puente y presente el proyecto de protección patrimonial.

Foto: Google maps
Foto: Google maps

El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la asociación civil Basta de Demoler presentaron en las últimas horas una acción de amparo colectivo ambiental para impedir la demolición del puente Ciudad de la Paz, una estructura metálica centenaria que une los barrios de Palermo y Colegiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida judicial también incluye un pedido para que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) se abstenga de discutir la descatalogación del viaducto y para que el Poder Ejecutivo porteño cumpla con su obligación de enviar a la Legislatura el proyecto de ley destinado a la protección patrimonial y catalogación definitiva del puente.

Construido en 1919 por la Compañía de Tranvías Lacroze, el puente fue rehabilitado y reabierto al tránsito en marzo del corriente año tras dos años de cierre para obras estructurales. Sin embargo, meses después, la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, impulsó una licitación para construir una nueva estructura con capacidad para el tránsito pesado, lo que motivó la controversia.

Organizaciones y vecinos argumentan que existen soluciones ingenieriles para conservar el puente, dada su importancia histórica, arquitectónica e ingenieril, y critican la falta de transparencia y participación ciudadana en las decisiones. Destacan que la demolición implicaría la pérdida irreparable de un bien patrimonial clave para el paisaje y memoria urbana de la ciudad.

“La omisión del Ejecutivo para enviar el proyecto limita el derecho a la participación ciudadana, y lo que se demuele se pierde para siempre”, señalaron los impulsores del amparo, que también exhibieron un informe técnico que confirma la posibilidad de rehabilitación del puente.

El apoyo profesional y social se suma a la resistencia política al proyecto de descatalogación y demolición, mientras la Justicia afronta el desafío de preservar el patrimonio cultural en una ciudad que enfrenta dinámicas de crecimiento y modernización constante.

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