Los mandatarios de Mendoza, Chubut y Santa Cruz delinean una estrategia conjunta para promover una investigación sobre las condiciones de la compra de acciones de la petrolera por parte del Grupo Petersen,
Los mandatarios de Mendoza, Chubut y Santa Cruz delinean una estrategia conjunta para promover una investigación sobre las condiciones de la compra de acciones de la petrolera por parte del Grupo Petersen,
La pulseada judicial por YPF en los tribunales de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo.
Tres gobernadores de provincias accionistas de la petrolera estatal de impulsar una ofensiva penal contra la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía a fines de 2007 dio origen al millonario pleito.
Los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, trabajan en una estrategia conjunta para presentarse ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El objetivo: promover una investigación sobre las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen, operación que, aseguran, habría escondido maniobras de carácter fraudulento.
El paso no es menor. Hasta ahora, la defensa de la Argentina frente al fallo que ordena pagar cerca de US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital se limitó al terreno civil y comercial.
Los gobernadores, en cambio, apuestan a llevar el caso al terreno penal norteamericano, donde una causa abierta podría suspender el proceso civil que instruye la jueza Loretta Preska.
Los tres gobernadores se apoyan en el hecho de que sus distritos poseen acciones clase B de YPF, una participación minoritaria que deriva de la ley de expropiación de 2012.
Aunque esa porción no les otorga control sobre la empresa, les confiere la condición de socios. Desde ese lugar, buscan intervenir en defensa de sus intereses y, por extensión, de los recursos provinciales que podrían verse afectados por la sentencia.
La embestida apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen –financiado con los dividendos de la propia compañía y con el aval político de la Casa Rosada– fue irregular y abrió el camino al litigio internacional.
Si se comprobara la existencia de un delito en aquella operación, argumentan, caería el andamiaje legal que sostiene la demanda de Burford Capital.
El silencio de dos gobernadores
En paralelo, la iniciativa exhibe un contraste político: mientras Cornejo, Torres y Vidal avanzan con decisión, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, hasta ahora guardan un extraño silencio. Ambos distritos son clave en el mapa energético argentino y también poseen participación accionaria en YPF.
Según trascendió, han mantenido conversaciones preliminares con sus pares, pero no definieron si se sumarán a la cruzada.
Ese hermetismo generó malestar en los otros mandatarios, que remarcan la necesidad de una defensa unificada frente a un juicio que, de avanzar, podría condicionar severamente las finanzas nacionales y provinciales.
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