La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la disolución del Instituto Juan Domingo Perón. La Justicia rechazó el amparo del intendente Fernando Gray, argumentando que no probó un “perjuicio concreto”, lo que avala la medida del gobierno.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la disolución del Instituto Juan Domingo Perón. La Justicia rechazó el amparo del intendente Fernando Gray, argumentando que no probó un “perjuicio concreto”, lo que avala la medida del gobierno.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha fallado a favor del gobierno de Javier Milei, respaldando la decisión de disolver el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Con esta determinación, el tribunal federal confirmó el rechazo a un recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que buscaba declarar la inconstitucionalidad de la medida.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, había dispuesto el cierre del Instituto Perón, un centro dedicado al estudio y la divulgación histórica, junto con otros organismos descentralizados.
El intendente Fernando Gray había presentado el recurso de amparo en su triple carácter de funcionario, líder del Partido Justicialista (PJ) de Esteban Echeverría y ciudadano. En su demanda, argumentó que la decisión del gobierno constituía un “atropello a la memoria histórica” y solicitó una medida cautelar que suspendiera el decreto de disolución hasta que el Congreso se expidiera.
Sin embargo, los jueces de la Cámara Contencioso, José Luis López Castiñeira y Luis Márquez, desestimaron la apelación. Los magistrados señalaron que Gray no alegó un “perjuicio concreto” derivado de la disolución del instituto. Además, criticaron el intento del demandante de impulsar una “suerte de acción popular”, al afirmar que esta postura “no resulta consistente con los mecanismos republicanos de control establecidos por nuestra Constitución”, según informaron fuentes judiciales.
La disolución del instituto había generado una fuerte reacción de protesta. En mayo pasado, el dirigente social Juan Grabois y varios militantes tomaron el lugar, desplegando pancartas con el lema “Defendamos nuestra historia”. La ocupación terminó con el desalojo por parte de la Policía Federal y la detención de Grabois, quien ahora enfrenta una causa penal.
El dirigente social, de hecho, había solicitado la nulidad del expediente, argumentando que fue detenido sin una orden judicial, pero su pedido fue rechazado. La Justicia, sin embargo, se encuentra en un dilema: la Cámara Federal de Comodoro Py rechazó la solicitud de la Fiscalía para revisar el contenido del celular de Grabois, que le fue incautado durante la detención, argumentando que la dirección de la investigación y la determinación de las pruebas es una potestad del juez. La confirmación del rechazo del amparo de Gray, en definitiva, es una victoria política para el gobierno de Javier Milei en su cruzada contra el “Estado elefantiásico”.
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