Tras fallo de la Corte Suprema, Federico “Fred” Machado fue trasladado de su arresto domiciliario en Viedma a una unidad penitenciaria, a la espera de su extradición. Está acusado de narcotráfico, lavado de dinero y financiación ilegal de la campaña de José Luis Espert en 2019.
El Gobierno nacional confirmó la decisión de extraditar a Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara procedente el pedido judicial estadounidense.
El empresario, que cumplía arresto domiciliario en su domicilio de Viedma, ahora fue trasladado por la Policía Federal a una unidad penitenciaria local, mientras se completan los trámites para su envío a Estados Unidos.
El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de la defensa de Machado, que alegaba violaciones al debido proceso y cuestionaba la imparcialidad del tribunal estadounidense.
La Corte consideró que la solicitud cumple con los requisitos internacionales de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Posteriormente, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete para realizar los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para ejecutar la extradición.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que Machado será custodiado por fuerzas federales durante el procedimiento.
La causa que impulsa la extradición fue iniciada por un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas en 2021. Freddy Machado enfrenta cinco cargos: integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína; fabricación y distribución bajo presunción de importación ilegal; asociación ilícita para lavado de dinero; y conspiración para fraude electrónico.
Estos cargos lo señalan como líder de una red de narcotráfico y lavado que opera a gran escala. Durante el proceso, sus abogados presentaron diversas defensas objetando la validez del proceso, que fueron rechazadas en todas las instancias, incluido el máximo tribunal argentino.
Machado reconoció haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 con aproximadamente entre 100 y 150 mil dólares, principalmente para gastos de traslado y organización.
Esta contribución fue un foco de controversia que tuvo impacto político. El pago total denunciado por el dirigente Juan Grabois asciende a 200 mil dólares provenientes de una organización criminal liderada por Machado.
La campaña de Espert sufrió un escándalo que derivó en la renuncia de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre de 2025.
En declaraciones públicas, Machado calificó la denuncia como un “ataque político” y sostuvo que la justicia estadounidense eventualmente desestimará los cargos.
Tras el fallo definitivo de la Corte Suprema, la Policía Federal detuvo a Machado en su domicilio, ubicado sobre la ruta provincial N°1 en Viedma, y lo trasladó a una delegación de Neuquén, desde donde aguardará el traslado a Estados Unidos.
Según fuentes oficiales, no existe impedimento legal ni razones de soberanía que justifiquen rechazar la extradición.
En un comunicado oficial, el Gobierno ratificó su compromiso con la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.
La extradición de Federico Machado reflejará cómo el sistema judicial argentino responde a pedidos internacionales en casos de crimen organizado y vínculos con la política local.
La situación invita a reflexionar sobre la transparencia en el financiamiento electoral y los mecanismos para prevenir la infiltración de redes ilícitas. Queda abierta la pregunta sobre cómo estas decisiones afectan la confianza ciudadana en la justicia y en las instituciones políticas.
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