El escrito presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) busca revertir la resolución de la Junta Electoral bonaerense, que consideró inviable la reimpresión de boletas tras la renuncia del primer candidato a diputado, José Luis Espert.
El escrito presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) busca revertir la resolución de la Junta Electoral bonaerense, que consideró inviable la reimpresión de boletas tras la renuncia del primer candidato a diputado, José Luis Espert.
La Libertad Avanza (LLA) presentó ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) una apelación del fallo Junta Electoral bonaerense, que impide la reimpresión de boletas tras la renuncia del candidato José Luis Espert.
En su presentación judicial, el partido libertario solicita a la CNE “revocar la resolución” provincial del pasado 9 de octubre y ordenar la confección de una BUP que refleje “la real oferta electoral de las Alianzas”.
El argumento central de LLA es que “lo que está en juego no es una conveniencia política de una u otra Alianza, sino el derecho, ultra tutelado, del elector a votar informado con un Instrumento Electoral –BUP- que refleje su decisión de la forma más pura y real, siendo esto responsabilidad de todos los integrantes del sistema Electoral”.
La Junta Electoral provincial había sido contundente en su negativa, calificando la solicitud de “material, temporal y jurídicamente inviable”.
El fallo, firmado por los jueces Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, se basó en informes técnicos que advierten sobre los graves riesgos para la organización de los comicios.
Según un reporte del Ministerio del Interior citado en la resolución, el costo de la reimpresión ascendería a $12.169.655.000 y el proceso demoraría un mínimo de nueve días.
El conflicto se originó tras la baja de la candidatura de Espert, motivada por las sospechas de haber recibido una transferencia bancaria de un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos.
A los argumentos económicos y temporales, se suma la advertencia del Correo Oficial, que informó a la Justicia que necesita el material electoral con al menos diez días de antelación para garantizar su distribución a las más de 38.000 mesas habilitadas en el distrito, evitando un “cuello de botella” logístico que pondría en jaque la elección.
Con la apelación ya en manos de la Cámara Nacional Electoral, la disputa entra en una fase decisiva. El máximo tribunal deberá ponderar el derecho a la información del votante esgrimido por LLA contra los contundentes obstáculos económicos y logísticos que amenazan la correcta celebración de los comicios en la provincia.
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