Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana muestra que las personas que viven en barrios populares mueren en promedio a los 60 años, frente a los 71 de la población general. Falta de servicios, precariedad y desigualdad estructural marcan esta realidad urgente.
La desigualdad en Argentina no solo se mide en ingresos o acceso a la educación, también se refleja en la esperanza de vida. Un estudio reciente del Centro para la Integración Sociourbana (CISUR) reveló que quienes habitan en barrios populares mueren en promedio 11 años antes que el resto de la población argentina. Mientras la media nacional de fallecimiento se ubica en los 71 años, en estas zonas vulnerables la edad promedio de muerte ronda los 60 años.
Este dato es alarmante y se basa en registros oficiales del Censo Nacional 2022, el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). La pirámide poblacional de los barrios populares refleja la precariedad histórica y social que amenaza la vida de sus habitantes: viviendas hacinadas, falta de agua potable, cloacas, acceso limitado a la salud y trabajos peligrosos son algunos de los factores constantes que influyen en esta dramática disparidad.
Según testimonios de vecinos, en estos barrios “la vejez es un privilegio que pocos alcanzan”. Mientras la población general disfruta de una vida más prolongada, muchos en los barrios populares enfrentan enfermedades, violencia y condiciones de vida que acortan su paso por la Tierra.
Este estudio no solo denuncia una realidad cruda y desigual sino que hace un llamado urgente a la acción estatal. La inversión sostenida en infraestructura, salud y derechos básicos es clave para revertir esta estadística y transformar el futuro de millones de argentinos y argentinas que actualmente viven una verdadera sentencia de muerte prematura.
La Ciudad de Buenos Aires habilitó un plan para refinanciar deudas de préstamos y tarjetas a menor tasa mediante diez bancos, como Ciudad, Galicia y Santander. Destinado a hogares vulnerables con mora reciente, el trámite vence a mediados de octubre.
Argentina recibe una segunda tanda de seis aviones de combate F-16 procedentes de Dinamarca. Con este arribo a Córdoba, la Fuerza Aérea alcanza 12 unidades operativas de las 24 adquiridas para recuperar la capacidad de defensa supersónica nacional.
La Justicia rematará activos de Garbarino y de su agencia de viajes por más de $22 millones tras decretar la quiebra. El proceso abarca la liquidación del patrimonio de Carlos Rosales y reclamos de ex-empleados de las fábricas fueguinas.
El gobernador Axel Kicillof encabeza una gira en Nueva York con inversores, ejecutivos y referentes internacionales. En paralelo a la cumbre de la ONU, el mandatario bonaerense busca transmitir solvencia financiera y presentar un perfil favorable al desarrollo productivo.
La Justicia autorizó a Vicentin a acceder a una línea crediticia de hasta US$50 millones otorgada por Bunge. La compañía respaldará la operación con acciones de Renova y destinará los fondos al capital de trabajo para su reactivación.
Las exportaciones de carne vacuna sumaron US$518,4 millones en agosto tras despachar casi 73.000 toneladas. La suba de las cotizaciones internacionales impulsó un alza interanual del 29,1% en la facturación, consolidando a China e Israel como compradores clave.
El vicepresidente JD Vance defendió la restricción de acceso a la Casa Blanca para tres cadenas acusadas de sesgo. En respuesta, grandes televisoras suspendieron coberturas oficiales mientras los medios afectados presentaron una demanda en la justicia federal.
Un estudio expuso marcadas asimetrías en el gasto legislativo provincial. Tucumán lidera las erogaciones con $3.725 millones por banca, mientras San Luis asigna $176 millones. El 84% de las partidas se destina al pago de salarios de plantillas administrativas.
