El gobierno colombiano acusó a Estados Unidos de amenazar con una invasión militar tras declaraciones de Donald Trump, quien suspendió la ayuda financiera y advirtió que cerrará narcocultivos si Colombia no actúa. Petro llamó a consultas a su embajador en Washington ante la escalada diplomática.
La tensión entre Colombia y Estados Unidos alcanzó un nuevo pico luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el fin de toda asistencia financiera a Colombia.
Trump acusó al gobierno de Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y de no actuar para frenar la producción de drogas en el país. Advirtió que si Colombia no elimina los narcocultivos de manera inmediata, Washington lo hará, y no de manera amistosa.
Esta escalada se sumó a la imposición de aranceles a productos colombianos, una medida inédita que amenaza con afectar la economía del país sudamericano.
El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, denunció públicamente que las declaraciones de Trump constituían una amenaza de invasión o intervención militar en Colombia, afirmando que no se puede cerrar narcocultivos sin una acción directa de este tipo.
En consecuencia, el presidente Petro convocó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, una medida diplomática clara que busca darle un margen para evaluar la situación ante el rompimiento de la relación tradicional entre ambos países.
En paralelo, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en aguas del Caribe, con ataques a embarcaciones que se sospecha transportan drogas.
Estos ataques dejaron al menos 27 muertos, incluyendo a tres presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo insurgente colombiano. Petro acusó a Washington de violar la soberanía nacional y responsabilizó a EE.UU. por la muerte de un pescador inocente en uno de estos ataques, aumentando el malestar y la crisis entre ambos gobiernos.
La ruptura de la asistencia financiera de Estados Unidos afecta programas de seguridad y cooperación que durante años fueron clave para la lucha antidrogas en Colombia.
La imposición de aranceles profundiza la crisis económica que ya se percibe en sectores productivos del país. Este choque político puede reconfigurar alianzas regionales y cuestiona la continuidad del modelo tradicional de cooperación entre Washington y Bogotá.
El futuro inmediato dependerá de las negociaciones diplomáticas y de las estrategias internas de ambos gobiernos para manejar sus contradicciones, sin que la confrontación derive en un conflicto más grave.
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