La intensiva ofensiva policial en las favelas de Río dejó decenas de muertos, detenidos y múltiples daños, mientras el gobernador Claudio Castro denunció falta de apoyo federal y advirtió sobre riesgos de represalias violentas.
La intensiva ofensiva policial en las favelas de Río dejó decenas de muertos, detenidos y múltiples daños, mientras el gobernador Claudio Castro denunció falta de apoyo federal y advirtió sobre riesgos de represalias violentas.
El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, definió como un “éxito” la reciente megaoperación de las fuerzas de seguridad contra el grupo criminal Comando Vermelho en los complejos de favelas de Penha y Alemão. La ofensiva, que movilizó a 2.500 agentes y contó con vehículos blindados y apoyo aéreo, se saldó con 136 muertos y 228 detenidos, según cifras preliminares.
Castro señaló que “las únicas víctimas fueron policías”, y denunció que el operativo contó con poca o ninguna asistencia del gobierno federal, al que responsabilizó de dejar a Río solo en una guerra que, afirmó, trasciende el marco de la seguridad pública para convertirse en un conflicto de defensa del Estado. Aseguró que solicitó apoyo con vehículos blindados a la Marina y al Ejército, pero fue rechazado en tres oportunidades.
La operación enfrentó una dura resistencia de los narcotraficantes, quienes usaron barricadas, autobuses secuestrados y drones armados para atacar a la policía y bloquear rutas de acceso. Se reportaron escenas de fuego cruzado, explosiones y disparos continuos durante toda la jornada.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, en respuesta a las críticas, dijo que si el estado de Río no puede controlar criminales debe pedir la intervención federal, a través de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención directa. Asimismo, advirtió que el gobernador debería reconsiderar su capacidad para enfrentar el crimen organizado.
Los residentes de las favelas aún viven bajo una fuerte tensión, con escuelas cerradas, servicios interrumpidos y presencia de cadáveres en zonas afectadas por los enfrentamientos. La enorme operación policial es considerada la más letal en la historia de Río de Janeiro, superando casos anteriores de violencia extrema.
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos logró un nuevo y contundente revés judicial contra la desregulación oficial. La Procuración ratificó la vigencia de la dirección técnica obligatoria, blindando así la seguridad sanitaria de la población ante la lógica puramente comercial.
El hecho ocurrió cerca de las 5 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes.
Jacquelin señala que el Presupuesto 2027 pondrá a prueba a Milei ante desvíos económicos. El oficialismo busca sostener el superávit y la iniciativa en Malvinas, mientras pacta el calendario electoral con gobernadores aliados como Raúl Jalil.
Bancos y fintech informaron la renegociación voluntaria de miles de deudas para contener el aumento del impago. Con estas medidas, las entidades buscan frenar los proyectos legislativos que proponen regular tasas de interés e imponer refinanciaciones compulsivas.
La ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante de superficies por carecer de registros válidos y de implantes médicos fraguados y vencidos. El organismo alertó que ambos productos representan un riesgo severo para la salud de los usuarios.
Javier Milei encabeza una semana de trabajo enfocada en alinear a los legisladores oficialistas e impulsar la reforma electoral. El viernes viajará a Bahía Blanca por una inversión de US$ 360 millones, mientras sus ministros cumplen actividades federales.
El Tribunal Oral Federal N° 5 dictará veredicto en la causa Sueños Compartidos. Se juzga el presunto desvío de $206 millones destinados a viviendas. La fiscalía solicitó 6 años de prisión para De Vido, López y los hermanos Schoklender.
Un informe de EcoGo y la Universidad Austral reveló que la morosidad trepó al 26,6% nacional en julio, superando el 30% en 12 provincias. El deterioro afectó con mayor severidad a las entidades no bancarias, donde el impago alcanzó el 31,3%.
