La operación policial en las favelas de Río de Janeiro, dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó el operativo como una “matanza” y pidió una investigación federal, cuestionando el alto número de víctimas y la metodología empleada.
La acción policial se realizó el 28 de octubre de 2025 con el objetivo de capturar a miembros del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más activas de Río de Janeiro.
Participaron cientos de agentes, con apoyo de helicópteros y vehículos blindados. Oficialmente se reportaron 113 detenciones, pero la gran cantidad de muertes llevó a críticas nacionales e internacionales.
Las autoridades identificaron a 99 de los fallecidos; 78 tenían antecedentes penales por delitos graves y 42 estaban prófugos de la justicia. Sin embargo, surge controversia porque muchos no figuraban en las órdenes judiciales, lo que genera dudas sobre el control legal y la proporcionalidad del operativo.
El presidente Lula expresó que la orden de arresto no contemplaba acciones letales masivas y denunció que varias víctimas fueron enterradas sin los procedimientos forenses adecuados.
La ONU y organismos de derechos humanos demandan una investigación exhaustiva y alertan sobre posibles abusos de poder y racismo institucional en las fuerzas de seguridad.
Mientras, el gobernador del estado, Cláudio Castro, defendió el operativo señalando que se actuó conforme a la ley y subrayando la necesidad de enfrentar el crimen organizado.
Contrariamente, especialistas y activistas advierten sobre el impacto traumático en la población local, la necesidad de reformas policiales profundas y el riesgo de que estas prácticas se repitan.
Las opiniones públicas se dividen: encuestas muestran que un alto porcentaje de habitantes de las áreas intervenidas aprueba la acción, mientras la aprobación cae a la mitad en el resto de la ciudad, reflejando un debate complejo sobre seguridad, derechos humanos y justicia social.
Este suceso abre interrogantes sobre los límites del uso de la fuerza en la lucha contra la criminalidad organizada y resalta la urgencia de políticas que equilibren la seguridad con la protección de derechos fundamentales.
EE. UU. aprobó ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes, Kuwait y Jordania ante la tensión con Irán. Mediante una declaración de emergencia, el gobierno agilizó el envío de misiles, drones y radares para fortalecer la defensa regional.
Once presuntos delincuentes del grupo “Los Mayos” murieron en un operativo naval en Sinaloa. El choque armado, que incluyó la breve captura de la hija de Ismael Zambada, recrudece la guerra interna del cartel que ya suma miles de víctimas.
El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
La cifra de fallecidos en Líbano superó el millar tras intensos bombardeos israelíes iniciados en marzo. El Ministerio de Salud reportó 1.001 decesos y miles de heridos, afectando gravemente a menores en ataques concentrados en el sur, el este y Beirut.
El tribunal electoral de Brasil rechazó un pedido de la oposición para investigar al presidente Lula da Silva por un homenaje en el carnaval. La justicia consideró injustificada la recolección anticipada de pruebas sobre presunto financiamiento público y campaña electoral.
El líder del partido Bhumjaithai obtuvo 293 votos en el Parlamento este jueves 19 de marzo de 2026. Tras una campaña marcada por el nacionalismo y conflictos fronterizos, encabezará una coalición de 16 partidos para su segundo mandato consecutivo.
La modelo detalló en un programa de streaming cómo la infidelidad de su pareja con una amiga cercana, ocurrida años atrás, transformó su conducta actual. El episodio expone el impacto de la deshonestidad en la construcción de la confianza.
Gobierno de Ahmed al-Sharaa lanzó el plan internacional “Aliento de Libertad” para localizar y destruir vestigios de armamento tóxico en 100 emplazamientos, bajo supervisión de la OPAQ y apoyo de potencias occidentales.
