La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura redefine el rol del organismo, que se concentrará en el control del producto final y elimina la fiscalización en etapas iniciales y intermedias, con el fin de simplificar trámites y reducir burocracia.
El Gobierno nacional implementó una reestructuración profunda en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con la publicación de la Resolución N° 37/2025 en el Boletín Oficial, que comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2026. Esta normativa deroga 973 normas dispersas y obsoletas, concentrando la supervisión únicamente en la etapa de comercialización final del vino.
La Secretaría de Agricultura destacó que el nuevo rol del INV será garantizar la calidad del vino que llega a los consumidores, supervisando productos ya envasados y con Certificado Analítico de Libre Circulación. La medida elimina las fiscalizaciones presenciales repetitivas, lo que implica un ahorro estimado de unas 5.000 inspecciones anuales en bodegas.
Entre los cambios más significativos está la supresión de la Declaración Jurada semanal de elaboración, la eliminación de multas por presentaciones tardías y la derogación de más de 140.000 permisos de tránsito que las bodegas debían gestionar anualmente para mover sus productos. La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) también pasa a ser optativa.
Respecto a la trazabilidad y certificaciones de origen, añada y varietal, estas se vuelven opcionales para el mercado interno, mientras que para exportaciones el INV seguirá emitiendo los documentos requeridos por países compradores. La certificación analítica nacional se gestionará mediante declaración jurada y herramientas digitales que aseguran autenticidad y trazabilidad.
La reestructuración incluye además la incorporación de nuevas prácticas enológicas lícitas, como el uso de ácido fumárico y la desalcoholización del vino. El INV mantiene su competencia sobre productores, bodegas, comercializadores, laboratorios y demás actores del sector en todo el territorio argentino.
Esta medida busca modernizar la regulación vitivinícola, facilitar la operatividad del sector y alinearlo con las mejores prácticas internacionales, eliminando la burocracia innecesaria que generaba costos y demoras, y reduciendo riesgos de corrupción.
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El colectivo Ni Una Menos Córdoba reclamó la destitución del ministro de Seguridad y un jury contra el fiscal Raúl Garzón por presuntas fallas en la búsqueda de la menor de 14 años. Convocaron a una marcha nacional este miércoles 3 de junio.
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