En medio de la crisis económica y bajo presión del FMI y Estados Unidos, el Estado argentino anuncia la oferta de casi la mitad de Nucleoeléctrica, que opera las centrales nucleares Embalse, Atucha I y II. Especialistas advierten que esta medida compromete la soberanía tecnológica y futura capacidad energética del país.
Argentina da un giro inesperado en su política energética con la reciente decisión oficial de iniciar el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de sus tres centrales nucleares: Embalse, Atucha I y Atucha II. A través de la publicación en el Boletín Oficial (Resolución 1751/2025), el gobierno habilitó la venta del 44% de las acciones, mientras mantendrá el 51% en manos estatales y un 5% para los trabajadores.
Esta medida, parte de la Ley Bases y avalada por el acuerdo parlamentario, fue inicialmente destinada a privatizar el 100% de la compañía, pero la negociación con la oposición logró asegurar la mayoría estatal. No obstante, los expertos del sector nuclear y energético como Diego Hurtado, físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, señalan que esta privatización parcial tendrá impactos negativos a largo plazo: “El sector nuclear es uno de los pilares tecnológicos más sólidos que tiene el país. Al vender prácticamente la mitad, se pierde soberanía y capacidad de innovación, lo que puede derivar en un atraso y subdesarrollo tecnológico.”
El análisis de Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista, coincide en que la privatización puede perjudicar el interés público, pues la regulación de precios y producción estará en manos privadas, lo que podría encarecer costos y limitar el acceso a energía segura y renovable. Además, evidencia una política de ajuste fiscal vinculada a presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos y el FMI, que demandan la venta de activos estatales para cumplir con restricciones financieras.
La compañía, que provee alrededor del 7% de la energía eléctrica del país y es superavitaria (registró un superávit de 17 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025), se encuentra en un momento estratégico para el desarrollo propio de reactores como el Carem y el RA-10. Sin embargo, con esta privatización parcial, se corre el riesgo de perder la continuidad en la investigación y producción de tecnología nuclear nacional, a favor de una dependencia creciente de tecnologías extranjeras, principalmente estadounidenses.
La venta de acciones de NA-SA también se inscribe en la necesidad urgente de captar dólares que enfrenta el gobierno argentino, dado que la operación podría llegar a recaudar cerca de mil millones de dólares en un contexto económico tenso y una fuerte demanda para contener la depreciación cambiaria.
Mientras otros países avanzan en la expansión y modernización de su parque nuclear, Argentina da un paso atrás, poniendo en riesgo una fuente energética limpia, estratégica y un sector científico de alto valor para el desarrollo tecnológico nacional.
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