El Gobierno derogó el control de aranceles de los colegios privados, permitiéndoles fijar cuotas y matrículas sin autorización estatal. La medida busca eliminar trabas burocráticas y evitar que los institutos cobren más por temor a la inflación.
El Gobierno derogó el control de aranceles de los colegios privados, permitiéndoles fijar cuotas y matrículas sin autorización estatal. La medida busca eliminar trabas burocráticas y evitar que los institutos cobren más por temor a la inflación.

La decisión se enmarca en la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. Los fundamentos del decreto apuntan a que la normativa derogada generaba “efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. El Gobierno sostiene que el sistema de control de precios, instaurado en los años noventa, resultaba anacrónico tras la transferencia de competencias educativas a las provincias.
El decreto subraya que la obligación de obtener una autorización previa para modificar los aranceles:
Limita la capacidad de adaptación: impide a los institutos ajustar sus precios de forma oportuna ante las fluctuaciones del mercado y el aumento de los costos operativos, incluyendo los salarios.
Perjudica a las familias: obliga a los colegios a fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a no poder cubrir futuros costos sin la aprobación estatal, lo que restringe la capacidad de las familias para elegir establecimientos “adecuados a sus posibilidades económicas”.
Atenta contra la calidad: la rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa”, dado que los institutos no pueden responder adecuadamente a los gastos.
El Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 —la norma madre del financiamiento educativo— y avanzar hacia un esquema en el que se respete el principio de libre contratación.
La visión oficial es que la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado deben ceder ante el derecho de propiedad de los institutos privados. La desregulación busca “permitir a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
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