El presidente, Nicolás Maduro, ordenó este martes un despliegue militar masivo en todo el territorio venezolano, en respuesta a lo que su gobierno califica como “amenazas imperiales” de Estados Unidos, que mantiene operaciones navales y aéreas en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
La medida, anunciada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, implica la movilización de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, así como sistemas de armas, unidades militares, la Milicia Bolivariana y órganos de seguridad ciudadana.
El despliegue se extiende a todos los estados y entidades federales, activando los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) para coordinar la respuesta multisectorial.
La operación forma parte de una fase superior del “Plan Independencia 200”, un mecanismo de respuesta castrense que busca fortalecer la defensa nacional ante la presencia militar estadounidense en la región. El despliegue tendrá efecto entre el 11 y el 12 de noviembre, según el comunicado oficial.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, tras la llegada del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe, el más grande y avanzado de la flota estadounidense.
El gobierno venezolano interpreta la presencia de buques y aviones estadounidenses como una estrategia de presión para provocar un cambio de régimen, mientras que Washington insiste en que sus operaciones buscan interrumpir el tráfico de drogas y desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
Hasta el momento, no se ha reportado una presencia militar o policial significativamente distinta en la capital venezolana respecto a días anteriores, según equipos periodísticos en Caracas.
El gobierno de Maduro ha reiterado su llamado a la paz, pero asegura estar preparado para defender la soberanía nacional.
La movilización militar masiva pone en evidencia la fragilidad de las relaciones diplomáticas y la necesidad de canales de diálogo para evitar una escalada de conflicto.
Rumania paralizó de forma preventiva la unidad 1 de la central nuclear Cernavoda debido al bajo nivel del río Danubio por la sequía. Para cubrir el déficit eléctrico resultante, el país recurrirá a la importación de energía.
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Haití fijó para el 13 de diciembre sus primeras elecciones en diez años, incluyendo presidenciales y un referendo constitucional. No obstante, la autoridad electoral advirtió que la votación dependerá de lograr estabilidad ante la violencia de las pandillas.
Nicaragua pospuso para septiembre el tratamiento parlamentario de la reforma constitucional que busca proscribir a las fuerzas opositoras en las elecciones. La medida, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, genera un fuerte rechazo en la comunidad internacional.
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