La ministra de Seguridad y futura senadora instó a Villarruel a colaborar para recuperar el control legislativo y avanzar en las reformas que impulsa el Gobierno, tras meses de tensiones y cruces públicos entre ambas dirigentes.
La ministra de Seguridad y futura senadora instó a Villarruel a colaborar para recuperar el control legislativo y avanzar en las reformas que impulsa el Gobierno, tras meses de tensiones y cruces públicos entre ambas dirigentes.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y electa senadora por La Libertad Avanza (LLA), pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “no boicotee” la agenda legislativa oficialista en el Senado y que contribuya a facilitar el trabajo parlamentario. Bullrich reconoció que la relación con Villarruel ha estado marcada por la distancia, pero confirmó que esta semana mantendrán una reunión para limar asperezas y establecer las reglas de juego en el nuevo escenario político tras las elecciones legislativas.
El objetivo del oficialismo es recuperar el control del Senado, perdido luego del fracaso del proyecto de ley de Ficha Limpia, y para ello Bullrich señaló que necesitan al menos 17 votos adicionales para alcanzar el quórum requerido. La ministra insistió en que el Gobierno volverá a presentar la ley de Ficha Limpia, que intenta impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos electivos, un proyecto que despertó gran expectativa en la ciudadanía y frustración cuando no se aprobó.
Desde su asunción como senadora, Bullrich ha entablado contacto con diversos bloques del Senado, buscando construir consensos y fortalecer la conducción del bloque oficialista. Sin embargo, las diferencias con Villarruel, que incluyen desacuerdos por sesiones autoconvocadas y declaraciones públicas, han tensado la convivencia política entre ambas.
Pese a estas diferencias, Bullrich apuesta a una convivencia que permita un funcionamiento efectivo del Senado y un apoyo legislativo alineado con la agenda reformista del Ejecutivo. La reunión prevista entre ambas dirigentes marca un paso importante en ese sentido, poniendo en marcha un nuevo capítulo de negociaciones y diálogo.
La UBA reafirmó su prestigio en el ranking QS 2026 con cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo. Pese al éxito académico, las autoridades universitarias alertan que el ajuste presupuestario y la crisis salarial ponen en riesgo la excelencia institucional.
La CIA premiará a la SIDE en abril por la creación del Centro Nacional Antiterrorismo, calificado como un hito regional. Bajo la gestión de Cristian Auguadra, la nueva doctrina de inteligencia prioriza la ciberseguridad, la protección de recursos estratégicos y la soberanía.
El Gobierno de Javier Milei relanza su agenda con actos y conferencias para frenar la interna oficialista. Pese al discurso optimista sobre la inflación, las encuestas de marzo de 2026 reflejan una caída en la confianza y creciente preocupación por el desempleo.
A 50 años del golpe, persiste la demanda de justicia por la complicidad empresarial con la dictadura argentina. Casos como el de Mercedes-Benz, reportados por DW, evidencian denuncias de entregas de sindicalistas, mientras el gobierno de Milei genera fuertes controversias negacionistas.
El gobierno de José Antonio Kast retiró el aval de Chile a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Pese a esto, la expresidenta mantiene su candidatura con el apoyo de México y Brasil para 2026.
Delcy Rodríguez anunció el envío de una delegación diplomática a Washington esta semana para consolidar la nueva etapa de relaciones bilaterales. El gobierno venezolano busca formalizar el diálogo político con la gestión de Donald Trump y exigir el fin de las sanciones económicas.
Caracol Televisión desvinculó a los presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de acoso sexual que impulsaron un movimiento “Me Too” en Colombia. La Fiscalía inició investigaciones oficiales mientras decenas de periodistas exigen mayores garantías y frenar el silencio.
El exsenador Markwayne Mullin asumió como secretario de Seguridad Nacional tras la destitución de Kristi Noem. Con respaldo del Congreso, el nuevo funcionario busca normalizar la operatividad en aeropuertos y gestionar la crisis migratoria, prometiendo una protección ciudadana sin distinciones partidarias.