El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución patrimonial que incluye el decomiso de más de 80 bienes inmuebles, entre ellos propiedades de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez, para resarcir un perjuicio económico al Estado actualizado en casi 685 mil millones de pesos.
La Justicia ordenó que se ejecuten bienes en forma solidaria a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, acusado en la causa Vialidad por defraudación a la administración pública.
El monto actualizado, resultado de pericias oficiales, supera los 684.990 millones de pesos, monto que representa la pérdida ocasionada al Estado por contratos viales amañados durante las presidencias kirchneristas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La confirmación de la condena por la Corte Suprema en junio de 2025 fue clave para esta decisión.
El decomiso incluye alrededor de 20 propiedades vinculadas directamente a Cristina Kirchner o transferidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Asimismo, se consideran inmuebles, terrenos y empresas pertenecientes a Lázaro Báez y su grupo empresarial. El tribunal señaló que el objetivo es ejecutar bienes adquiridos con ganancias ilícitas o transferidos sin contraprestación a terceros involucrados, ampliando la responsabilidad más allá del núcleo principal.
Aunque la orden de decomiso está firmada, enfrenta recursos y solicitudes de nulidad por parte de los condenados, que cuestionan el cálculo del perjuicio y la antigüedad de las propiedades.
La Justicia señaló que esta medida responde tanto a la necesidad de resarcir el daño como a compromisos internacionales para la recuperación de activos derivados de hechos de corrupción. La ejecución prevista sigue de cerca las normativas jurídicas para proteger derechos procesales y garantizar un proceso transparente y justo.
Este avance judicial marca un paso clave en asegurar la reparación económica tras años de litigio judicial. La ejecución efectiva dependerá de futuras tasaciones, posibles subastas y decisiones administrativas.
La causa Vialidad continúa siendo objeto de atención pública y debate sobre justicia, política y la efectiva sanción de la corrupción en Argentina. La resolución invita a monitorear cómo se equilibra el combate a la impunidad con el respeto a garantías individuales.
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