El Ejecutivo confirmó que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la huelga convocada por ATE para hoy. La medida genera un aumento de la tensión con los sindicatos, que sostienen la defensa de sus derechos laborales.
El Ejecutivo confirmó que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la huelga convocada por ATE para hoy. La medida genera un aumento de la tensión con los sindicatos, que sostienen la defensa de sus derechos laborales.

El gobierno nacional advirtió que descontará el día a quienes participen del paro nacional realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) este miércoles.
Esta decisión busca contener la protesta convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que los estatales consideran lesiva para sus derechos.
En diálogo con los medios, funcionarios destacaron la importancia de la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas estatales y advirtieron que se tomarán medidas para sancionar a quienes participen en el paro y en eventuales actos violentos durante las movilizaciones.
Por su parte, ATE, con una adhesión que superaría el 90%, sostiene que la protesta es necesaria para frenar la reforma, que vincula a un acuerdo internacional con Estados Unidos y busca reducir derechos laborales y mecanismos de control sobre las patronales.
El paro de ATE coincide con otras manifestaciones sociales y se da en un contexto de fuerte controversia política y salarial en el sector público. Los estatales exigen la reapertura inmediata de paritarias y reclaman la preservación de los derechos laborales que, según ellos, están en riesgo debido a las políticas del gobierno.

El aumento de la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos plantea un escenario de confrontación compleja, donde la protesta masiva y la estrategia oficial de descuentos son elementos centrales en el conflicto.
Las próximas semanas serán decisivas para el desarrollo del diálogo y la posible negociación entre las partes.
Esta situación invita a reflexionar sobre el impacto que tienen las políticas públicas en los derechos laborales y en la estabilidad del empleo estatal. La necesidad de un debate amplio y respetuoso se presenta como un paso fundamental para encontrar soluciones que eviten la profundización del conflicto social sin sacrificar conquistas históricas.
El Gobierno advirtió que no homologará paritarias que superen el 2% mensual, presionando a los gremios a renegociar. Mientras Camioneros y Sanidad acataron el tope, sectores como Alimentación y Gastronómicos enfrentan conflictos ante la falta de validación oficial de sus aumentos.
Axel Kicillof inició su construcción presidencial con un acto virtual en Córdoba, buscando expandir su influencia fuera de Buenos Aires. Mientras tanto, el peronismo bonaerense mostró señales de tregua en un evento que reunió a diversas facciones bajo un mensaje de unidad.
La industria regional del neumático atraviesa una crisis por el avance de productos asiáticos, que ya dominan el mercado brasileño con precios ínfimos. Tras el cierre de Fate, la presión de importaciones chinas amenaza miles de empleos en el Mercosur.
La Corte Suprema rechazó cerrar una causa contra Lázaro Báez por evasión en Austral Construcciones. Sin embargo, un tribunal lo sobreseyó parcialmente al aplicar la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para procesar delitos tributarios.
Morales Solá critica las falsedades de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos y, simultáneamente, cuestiona la injerencia de Milei y el ministro Mahiques en el Poder Judicial. Advierte que esta doble presión institucional impide restablecer la confianza en el país.
El Gobierno presentó un proyecto de ley para agilizar los desalojos mediante juicios sumarísimos, permitiendo la recuperación de inmuebles en cinco días. La reforma también endurece las reglas de expropiación, exigiendo pagos previos totales y tasaciones basadas en el mercado bursátil.
Mauricio Macri declara hoy como testigo en los tribunales de Comodoro Py por la causa “Sueños Compartidos”. El exmandatario aportará datos sobre la gestión de viviendas sociales en la Ciudad, en un juicio que investiga desvíos millonarios y administración fraudulenta.
El Senado inicia sesiones ordinarias debatiendo la continuidad del juez Carlos Mahiques y el pliego de Lucila Crexell para la embajada en Canadá. La oposición cuestiona la designación diplomática de la exsenadora tras su voto clave en reformas gubernamentales pasadas.