La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó duramente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por exigir un pago de $ 560.000 para que la Iglesia Católica pudiera utilizar la banquina de la ruta nacional 12 durante la tradicional peregrinación a Nuestra Señora de Loreto en Misiones.
Villarruel calificó esta medida como una “insensatez” y denunció la incongruencia de que un gobierno se autodenomine libertario y, sin embargo, cobre por el paso de una procesión religiosa a pie.
Defendió su postura en redes sociales, aclarando que su salario está congelado y que no recibe fondos reservados para sus movimientos públicos.
En tanto, desde Vialidad Nacional explicaron que el cobro se ajusta a la normativa vigente que permite exigir un canon por el uso de la zona de camino, aunque reconocieron que fue la primera vez que se aplicó este requisito para un evento de esta naturaleza.
La Diócesis de Posadas manifestó sorpresa por la medida, ya que aunque comenzó los trámites con la documentación requerida, no esperaba una tarifa de esta magnitud ni con tan poca anticipación.
El obispo Juan Rubén Martínez anunció que estudiarán posibles acciones legales y se mostró crítico con el estado de las rutas nacionales, que atraviesan una situación de abandono y falta de mantenimiento. La seguridad durante la peregrinación estuvo a cargo de las fuerzas provinciales y nacionales, no del personal de Vialidad.
Este episodio generó un debate sobre la relación entre la regulación estatal y el ejercicio de la libertad religiosa, además de cuestionamientos sobre la coherencia y sensibilidad en la gestión pública.
La medida de Vialidad, que busca controlar el uso de la infraestructura vial y recaudar fondos para su mantenimiento, chocó con la tradición y el carácter simbólico de una práctica cultural y espiritual muy arraigada en Misiones.
Este caso invita a una reflexión más amplia sobre cómo el Estado administra sus recursos y regulaciones en consonancia con los derechos y costumbres de sus ciudadanos. La racionalidad detrás del cobro y su aplicación práctica deben seguir bajo escrutinio público y político, asegurando transparencia y proporcionalidad en la gestión.
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