Villarruel calificó esta medida como una “insensatez” y denunció la incongruencia de que un gobierno se autodenomine libertario y, sin embargo, cobre por el paso de una procesión religiosa a pie.
Defendió su postura en redes sociales, aclarando que su salario está congelado y que no recibe fondos reservados para sus movimientos públicos.
En tanto, desde Vialidad Nacional explicaron que el cobro se ajusta a la normativa vigente que permite exigir un canon por el uso de la zona de camino, aunque reconocieron que fue la primera vez que se aplicó este requisito para un evento de esta naturaleza.
La Diócesis de Posadas manifestó sorpresa por la medida, ya que aunque comenzó los trámites con la documentación requerida, no esperaba una tarifa de esta magnitud ni con tan poca anticipación.
El obispo Juan Rubén Martínez anunció que estudiarán posibles acciones legales y se mostró crítico con el estado de las rutas nacionales, que atraviesan una situación de abandono y falta de mantenimiento. La seguridad durante la peregrinación estuvo a cargo de las fuerzas provinciales y nacionales, no del personal de Vialidad.