El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA reveló que el 47% de la población urbana padece estrés económico en 2025, percepción de ingresos insuficientes para necesidades básicas, pese a la desaceleración inflacionaria y caída de pobreza al 36,3% en el tercer trimestre, el mínimo desde 2018.
El indicador de estrés económico, definido como la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas, afectó a alrededor del 47% de la población argentina en el tercer trimestre de 2025.
Este dato, relevado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), representa que casi una de cada dos personas vive en un hogar con esta condición.
Los sectores muy bajos registraron el 74,4% de estrés económico, seguidos por bajos con 54,6%, medios con 31,6% y altos con 14,4%. En hogares con niños, la pobreza alcanzó el 48,8% e indigencia 9,2%, cifras superiores a los sin niños (10,8% y 2,1%).
La cronicidad de la pobreza, hogares pobres en 2024-2025, llegó al 30% general y 61% en estratos bajos, con trayectorias desfavorables en ajustes y leves mejoras en estabilización.
Si bien la pobreza monetaria experimentó un descenso, ubicándose en el 36,3% en el mismo período —el valor más bajo para este lapso desde 2018—, el estrés económico se mantuvo en los altos niveles registrados durante 2022 y 2023. La UCA precisó que esta disociación evidencia que la población no sintió la baja de la pobreza con la misma intensidad que mostraron los indicadores tradicionales.
Las transferencias como AUH y Tarjeta Alimentar cubrieron 30-40% de hogares, concentradas en bajos ingresos y con niños.
Sin ellas, la indigencia subiría de 6,8% a 12,8% y pobreza de 36,3% a 41,8%. Estos programas sociales amortiguaron la crisis 2023-2024, reduciendo privaciones pese a recesión, aunque insuficientes para revertir informalidad estructural.
Uno de los factores que explica esta persistencia es el estancamiento del ingreso laboral. Según el informe, el nivel salarial promedio registrado durante la etapa de estabilización (2024-2025) se asimiló a los valores de 2009-2010.
El salario registrado privado se mantiene estancado en rangos históricamente bajos y, sin una consolidación del crecimiento económico, es probable que no muestre una mejora real significativa respecto a 2023.
La inseguridad alimentaria afectó al 18,7% de hogares en 2025 (7,8% severa), en descenso desde 24,3% en 2024 pero superior a 2010. Acceso a salud mejoró levemente del 37,7%, aunque 34,3% reportó privaciones.
La incapacidad de las familias para construir un colchón financiero es otro agravante. Solo entre el 8% y el 16% de la población afirmó poder reservar parte de sus ingresos, una proporción que cayó de manera sostenida desde 2010.
Las desigualdades socioeconómicas concentran el impacto del estrés. Mientras que en los hogares de los sectores más bajos, siete de cada diez personas padecieron esta condición, la proporción cayó a tres de cada diez en los niveles medios.
Los datos mostraron que el 74,4% de las personas en estratos muy bajos sufren estrés económico, frente al 14,4% del estrato más alto. El estudio de la UCA también vinculó la situación económica con el bienestar subjetivo y la salud mental.
En 2025, cuatro de cada diez personas que sufrieron estrés económico presentaron malestar psicológico, caracterizado por síntomas de ansiedad y depresión. Este porcentaje duplicó la tendencia expresada por quienes no reportaron estrés económico.
El malestar psicológico alcanzó el 37,7% en hogares de ingresos muy bajos, superando en 20 puntos porcentuales a los de ingresos medio-alto (17,7%).
Si bien la desaceleración de la inflación y la recuperación de indicadores monetarios representan un alivio transitorio, los datos del ODSA-UCA sugieren que el país aún no revierte las profundas brechas sociales ni garantiza un acceso equitativo a los recursos básicos.
El congreso global de oncología debatió la medicina traslacional y avances en cáncer de páncreas y próstata. Sin embargo, los expertos advirtieron que la inequidad económica y los altos costos limitan el acceso mundial a estos tratamientos.
Pablo Quirno y Gabriel Katopodis protagonizaron un duro cruce digital por el mantenimiento de las rutas nacionales. Mientras el Gobierno elogió las mejoras privadas en el corredor del Mercosur, el ministro bonaerense denunció la parálisis de la obra pública estructural.
El Gobierno reorientó la política nuclear para priorizar la exportación de tecnología y la generación de divisas. El nuevo marco doctrinario fomenta la participación del sector privado como socio estatal y cuestiona la continuidad de proyectos sin rentabilidad comercial.
La Línea C del subte amaneció paralizada por un paro gremial que reclama el retiro de formaciones con asbesto. La medida tomó por sorpresa a miles de usuarios, generando caos y extensas filas en las paradas de colectivos de Constitución.
La justicia investiga a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, por presuntas coimas recibidas mientras era gerente en Arsat. La causa detectó contratos millonarios sin licitación, mensajes sobre entrega de efectivo y la sospechosa adquisición de vehículos de alta gama.
José García Hamilton renunció como secretario Legal y Administrativo de Economía por razones personales tras coordinar un traspaso ordenado. En su lugar asumió hoy Juan Ignacio Stampalija, abogado experto en litigios internacionales proveniente de la Procuración del Tesoro.
Todas las universidades argentinas retrocedieron en el ranking global CWUR debido a la caída en su producción científica. El informe vincula este declive con el fuerte desfinanciamiento presupuestario y advierte sobre el riesgo de una inminente fuga de cerebros.
Sectores del peronismo evalúan respaldar la propuesta oficialista de quitar la obligatoriedad a las primarias, transformándolas en optativas. Esta alternativa les permitiría dirimir sus internas y evitar fracturas, aunque genera reparos por el riesgo de interferencia de votantes opositores.
