El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Córdoba decidió de forma unánime avanzar con un juicio político contra los tres primeros fiscales que investigaron el femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto en 2006.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Córdoba decidió de forma unánime avanzar con un juicio político contra los tres primeros fiscales que investigaron el femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto en 2006.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba resolvió de forma unánime la apertura del juicio político (jury) contra los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso. Este hecho constituye un precedente, siendo el primer jury múltiple en la historia provincial, gracias a la ley 7956 que permite unificar procesos por “conexión de hechos”.
Los funcionarios judiciales señalados por presunto mal desempeño y negligencia grave son Javier Di Santo (a cargo entre 2007 y 2015), Daniel Miralles (2016-2017) y Luis Pizarro (2017-2019), período en el que la causa fue elevada a juicio contra el exesposo de la víctima, Marcelo Macarrón.
Tras la decisión del jurado —integrado por Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y Aída Tarditti—, se notificará al Ministerio Público Fiscal. El fiscal general, Juan Manuel Delgado, dispondrá de 30 días para formular la acusación correspondiente.
La denuncia presentada por la familia de Nora Dalmasso, ocurrida en Río Cuarto en 2006, apunta a omisiones graves en la investigación. El punto central es el descarte de un informe clave del FBI elaborado en 2007. Este documento apuntaba a los obreros que trabajaban en la casa, en particular a Roberto Bárzola, como posibles sospechosos.
El informe fue entregado al entonces fiscal general Darío Vezzaro, quien admitió haberlo recibido y confirmó que Di Santo sabía de su existencia, pero decidió no incorporarlo al expediente.
La abogada de Facundo Macarrón, Mariangeles Mussolini, recordó que la familia solicitó reiteradamente que se investigara esta línea. Un segundo informe del FBI, incorporado en 2011, también sugería profundizar el accionar de los obreros.
Bárzola declaró recién en 2022, reconociendo haber estado en el domicilio el 25 de noviembre de 2006, día del crimen, aunque sostuvo que no tocó timbre. La familia Macarrón sostiene que los fiscales desoyeron estas pruebas esenciales.
A lo largo de los años, los investigadores consideraron al menos cinco hipótesis diferentes, las cuales resultaron fallidas, incluyendo la imputación de Macarrón padre e hijo. Las fuentes señalan que entre 2012 y 2015 la causa quedó paralizada, situación que derivó en la destitución de Di Santo.
Las demoras y la falta de acción tuvieron consecuencias directas. La Cámara Segunda del Crimen de Córdoba sobreseyó a Bárzola en octubre, al considerar que la causa había prescripto.
Para la familia Macarrón, ese sobreseimiento confirma que la impunidad se consolidó por falta de acción judicial. El viudo, Marcelo Macarrón, declaró que este proceso es “un granito más de arena para el pedido de justicia”. La abogada Mussolini criticó que solo se debía haber tomado y cotejado muestras de los obreros “como se hizo recién en 2023/2024”.
La apertura de este juicio político busca, al menos, establecer responsabilidades dentro del Poder Judicial por una investigación que desoyó pruebas que hoy se consideran relevantes, manteniendo un caso emblemático de Río Cuarto sin respuestas claras.
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