El Gobierno presentó la Ley de Libertad Educativa que reemplaza la norma vigente. La ley incorpora vouchers, legaliza el homeschooling, crea el ENES (examen final de secundaria) y permite a los Consejos de Padres participar en la remoción de directores escolares.
El Gobierno Nacional presentó este martes su proyecto de ley que busca modificar de manera radical el sistema educativo, derogando la norma actual de 2006 y reemplazándola por la denominada “Ley de Libertad Educativa”. Tras varias correcciones a un borrador inicial, el texto final pone un marcado acento en la autonomía familiar sobre el rol del Estado, incorpora un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) y endurece el control sobre la gestión escolar.
La propuesta, contenida en 43 páginas, retoma conceptos centrales de la campaña de Javier Milei, a la vez que da marcha atrás con puntos altamente conflictivos que habían sido incluidos en versiones anteriores, como la obligatoriedad de financiamiento estatal a escuelas religiosas y la exigencia de igualar el monto de financiamiento público entre escuelas privadas y estatales.
El proyecto de ley introduce varias novedades clave destinadas a otorgar mayor poder de decisión a los padres y autonomía a las instituciones:
Financiamiento a la demanda (Vouchers): sin utilizar directamente la palabra “voucher”, el artículo 83 establece que el sistema educativo podrá implementar “dispositivos de financiamiento por la demanda”. Estos mecanismos (como vales, bonos o créditos fiscales) buscan asegurar la “libre elección de la institución educativa” por parte de las familias y la equidad en el acceso.
Legalización del Homeschooling: el proyecto habilita la “Educación en el hogar” como una “forma alternativa de enseñanza”. Esta modalidad, dirigida por los responsables parentales o tutores, permitirá a los alumnos recibir la Educación Básica fuera de una institución escolar regular. Para la acreditación de conocimientos, estos alumnos deberán inscribirse en el sistema y rendir las evaluaciones correspondientes.
Consejos de padres: se crea la figura del Consejo Escolar de Padres en cada escuela estatal. Estos órganos tendrán funciones de asesoramiento, supervisión y rendición de cuentas. De manera crucial, el Consejo obtendrá potestad para participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución.
Transparencia en la evaluación: se permitirá la publicación de los resultados de las pruebas estandarizadas (evaluaciones censales) por escuela en un portal digital abierto, una práctica actualmente prohibida.
La ley incorpora dos mecanismos de control y evaluación que impactarán directamente en el sistema educativo y universitario:
Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES): se reintroduce la creación de una prueba individual y voluntaria que se aplicará anualmente a los estudiantes que finalizan el secundario, sin importar la modalidad. El ENES medirá conocimientos y habilidades en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades.
Evaluación docente y auditoría universitaria: el texto establece la evaluación obligatoria de los docentes “al menos cada cuatro años”. Además, define la forma en que deben ser auditadas las universidades de gestión estatal. El control externo será responsabilidad concurrente de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano, con la finalidad de asegurar la transparencia en el uso de bienes y recursos.
El proyecto se presenta ahora ante el Congreso, donde se espera un intenso debate legislativo.
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