El Gobierno designó a Joaquín Mogaburu para conducir la subsecretaría tras la renuncia de Alberto Baños, en un contexto de recortes y cambios en el área de Derechos Humanos.
El Gobierno designó a Joaquín Mogaburu para conducir la subsecretaría tras la renuncia de Alberto Baños, en un contexto de recortes y cambios en el área de Derechos Humanos.
El presidente Javier Milei nombró a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, reemplazando a Alberto Baños, quien dejó el cargo semanas atrás.
La designación fue anunciada este miércoles, Día Internacional de los Derechos Humanos, por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien resaltó la confianza en la capacidad de Mogaburu para aplicar los lineamientos del Gobierno.
Mogaburu es abogado y profesor de historia formado en la Universidad Católica Argentina, con estudios de posgrado en derechos humanos y derecho penal en la American University y la Universidad de Navarra.
Cuenta con una trayectoria judicial de más de 15 años en tribunales orales federales, y hasta su designación actuaba como director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.
Oriundo de una familia ligada al Poder Judicial —su padre fue juez federal—, Mogaburu ha estado vinculado a sectores que promueven una “memoria completa” sobre la dictadura, buscando equilibrar narrativas y a veces cuestionando enfoques más tradicionales de derechos humanos.
Desde la llegada del Gobierno libertario, la Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a subsecretaría y el área sufrió una reducción drástica: se suprimieron 14 cargos jerárquicos y la planta de personal se redujo a menos de la mitad, pasando de 1.050 a 390 empleados.
Según Amerio, estas medidas buscan “desideologizar” las políticas públicas de derechos humanos y asegurar una gestión más transparente, además de implicar un ahorro anual para el Estado de casi $13.550 millones.
Por su parte, organizaciones gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un vaciamiento con despidos masivos y degradación del sector, afectando funciones claves: el Museo Sitio ESMA quedó sin personal de mantenimiento especializado y el Estado redujo su participación como querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad, limitando su rol en procesos judiciales complejos.
Durante su paso por el Ministerio de Defensa, Mogaburu impulsó seminarios denominados de “verdad completa” que incluían testimonios de referentes que abogan por “memoria completa” y mostraron apertura hacia exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, promoviendo mensajes de concordia política y perdón.
Estos enfoques han generado reacción en sectores que cuestionan la defensa plena de los derechos humanos y la persecución judicial de los responsables de la dictadura.
El área que ahora conduce Mogaburu incluye el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), donde están bajo su órbita espacios emblemáticos como el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, que han experimentado cambios en su estructura y gestión desde el cambio de gobierno.
La llegada de Mogaburu, en un momento en que el Gobierno acentúa la reestructuración del área de Derechos Humanos, abre un interrogante sobre el equilibrio entre la memoria histórica, la justicia transicional y la agenda política vigente.
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