Una menor wichí de 12 años embarazada en Salta se encadenó en la Ciudad Judicial de Tartagal; la protesta fue por un malentendido al temer que la obligaran a abortar cuando solo era citada a declarar contra el abusador de 19 años que sigue prófugo.
Una menor wichí de 12 años embarazada en Salta se encadenó en la Ciudad Judicial de Tartagal; la protesta fue por un malentendido al temer que la obligaran a abortar cuando solo era citada a declarar contra el abusador de 19 años que sigue prófugo.
Una niña de 12 años de la comunidad wichí vivió un momento de gran dramatismo en la Ciudad Judicial de Tartagal, ubicada en el norte de Salta. La menor, quien cursa un embarazo de cinco meses producto de un abuso sexual, decidió encadenarse junto a su madre, impulsada por el miedo a que el Poder Judicial intentara obligarla a interrumpir su gestación en contra de su voluntad.
El suceso puso en alerta al sistema judicial y de salud, que debió intervenir para aclarar la situación. El drama se originó en una confusión respecto a la naturaleza de la citación judicial, la cual solo buscaba tomar su testimonio en el marco de la investigación penal contra el agresor. Una vez disipada la duda, la niña aceptó brindar su declaración bajo resguardo.
La acción desesperada de la niña surgió de una interpretación errónea de la citación. La víctima debía prestar declaración testimonial ante la Justicia en la causa que investiga el abuso sexual que sufrió.
Esta audiencia estaba programada para realizarse a través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con el objetivo de proteger la integridad y privacidad de la menor.
Sin embargo, la niña y sus acompañantes entendieron que la convocatoria tenía como objetivo forzar la interrupción del embarazo. Ante la protesta, una psicóloga del Ministerio Público de Tartagal acudió al lugar.
Junto con un intérprete, le explicaron a la menor que la citación era solo para que contara lo sucedido y que, bajo ninguna circunstancia, se la podía obligar a abortar. Con las dudas despejadas, la víctima brindó su testimonio y la causa judicial pudo avanzar.
La investigación penal se inició por una denuncia presentada por la fiscal penal de Violencia de Género del distrito. El hecho de abuso sexual con acceso carnal ocurrió en un paraje donde vive la comunidad wichí. El acusado es un joven de 19 años, cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 2. Al momento de los hechos, el sospechoso continuaba prófugo y era intensamente buscado por la Policía.
Funcionarios judiciales y de niñez enfatizaron que, aunque la ley establece que una niña de 12 años no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, la normativa argentina prohíbe obligar a cualquier persona a interrumpir un embarazo contra su voluntad.
El embarazo de la menor fue detectado por la directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando la gestación rondaba las ocho semanas.
La funcionaria aclaró que la madre de la niña fue informada sobre todas las opciones legales y sanitarias, incluida la interrupción del embarazo, pero la decisión de la niña de continuar con la gestación fue respetada.
Debido a su corta edad y a que vive en una zona alejada, la menor recibe seguimiento médico en el hospital de Tartagal. Allí cuenta con controles periódicos de un equipo integral que incluye tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. La gestación, actualmente entre las 16 y 20 semanas, es considerada de alto riesgo, pero tanto la niña como el bebé presentan buen estado de salud.
El caso de la niña wichí, si bien se originó en una confusión, subraya los desafíos persistentes en la comunicación y la confianza entre las comunidades originarias y el sistema de justicia.
A pesar de que el protocolo de contención se activó para resolver el drama inmediato, la protesta plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de resguardo y acompañamiento integral antes de que la desesperación lleve a medidas extremas.
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